Durante las administraciones del Frente Amplio la inseguridad aumentó de manera imparable, en verdad ya venía en crecimiento, producto, en primer término de la incidencia del narcotráfico y de los muchos cambios que experimentó en la sociedad también, y que no vamos a analizar ahora y aquí.
Quienes están hoy en el gobierno, antes en la oposición, incluso el propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en su accionar como diputado primero y senador luego, cuestionaron a los sucesivos ministros y a los gobiernos, e incluso se llegó a afirmar que había una suerte de pacto entre las organizaciones delictivas o los delincuentes y el propio gobierno o con algunos integrantes del gobierno.
Gran parte del éxito de la campaña que llevó a la presidencia a Lacalle Pou fue justamente la inseguridad y la afirmación, fácil, demasiado fácil, de que eso se arreglaba con eslóganes del estilo “Hay orden de no aflojar”, que impuso en su momento el fallecido ministro del Interior Jorge Larrañaga.
Conforme avanzó la actual administración y aun en medio de la pandemia del coronavirus, que hizo descender en todo el mundo el delito por la sencilla razón de que había menos movilidad, los jerarcas del Ministerio del Interior vieron que no era tan fácil y que los eslóganes son solo palabras que no alcanzan para abatir los índices de violencia, como ha quedado demostrado.
Hoy nuevamente la inseguridad es motivo de preocupación de la sociedad, una sociedad que vive de manera furiosa, ¡qué duda cabe!, donde la violencia intrafamiliar crece y las diferencias se dirimen violentamente, a lo que se suma el narcotráfico, que sigue siendo el elemento principal de los muertos callejeros, de los ajustes de cuentas, o por luchas territoriales, que se suman día tras día.
El Ministerio del Interior al mando de Luis Alberto Heber ha debido pilotear todo este tema y cada tanto aparecen con mensajes y/o ideas que pueden sonar como innovadoras, pero que no son la varita mágica, como tampoco lo es el aumento indiscriminado de penas que ha llevado a que las cárceles sean un lugar, donde, por ejemplo, como ocurrió en las últimas horas un privado de libertad, por la razón que fuere y en el estado que estaba, no importa, decidió sacarse la vida clavándose un corte carcelario en el pecho.
La noticia fue apenas unas líneas en los medios, ya anestesiados por este tipo de episodios. Detengámonos un poco en esto. El recluso, un joven de 27 años apenas, decidió matarse y la forma que eligió da escalofríos y más escalofríos da constatar que nadie se horrorizó por este hecho.
“Los policías que estaban de guardia escucharon gritos de auxilio en el sector A1 (del Comcar). Cuando llegaron a la celda en la que estaba el hombre, lo encontraron con un corte carcelario clavado en el pecho”. Aún estaba vivo y manifestó que él mismo se lo había clavado.
¿Se entiende la desesperación de este hombre, cuánta fuerza debió haber hecho para clavarse, él mismo un corte carcelario, esas especies de “lanzas” creados por los propios reclusos hechos con un palo de escoba al que con remeras o paños le atan un hierro a la punta? El hombre que había dejado cartas para su familia, aún con vida fue trasladado al Hospital Maciel, donde ingresó herido en el hemitórax izquierdo y falleció horas después.
El último informe final del Comisionado Carcelario Juan Miguel Petit es del año 2021. Ese año hubo 86 muertes bajo custodia, se trata de la mayor cifra ocurrida en un año en Uruguay, superando ampliamente al mayor registro anterior, que fue en el 2010 con 53 muertes.
De esas muertes, 18 fueron suicidios. La tasa de suicidios de personas encarceladas ha sido para ese período de 131 c/100.000 habitantes, cifra que es más de seis veces mayor a la tasa nacional, la cual es notoriamente alta a nivel mundial, por si fuera poco.
Hay responsabilidad del Estado, podemos preguntarnos. Por supuesto que sí. El propio informe lo dice claramente: “buena parte de los suicidios ocurridos tenían indicación, al ingreso, de tener asistencia de salud mental. Muchos casos que ingresan al sistema con sugerencias de tratamientos atraviesan todo el sistema sin que este se lleve a cabo”.
No sé si fue este caso, pero es evidente que esta persona no estaba bien desde el momento en que llegó a tomar una decisión tan drástica y con tal grado de violencia.
Uruguay sigue fracasando en esta materia, de cómo tratar a la población reclusa, por lo que es difícil que salgan de esos infiernos como para ayudar en la seguridad, como ahora pretende el ministro Heber.
Puede ser una buena idea, de hecho ha dado buenos resultados en otros países, pero las ideas no hay que copiarlas solamente, sino que hay que adaptarlas y en Uruguay ¿están dadas las condiciones para ello?
La realidad, dramática, de los centros de reclusión no parece que dé para que haya una verdadera socialización y arrepentimiento de los delincuentes. Las personas que se van a utilizar en este caso, son reclusos que estarían rehabilitados, pero no se sabe cuál va a ser la evaluación en este sentido o cómo se lo va a contratar.
Un punto más es que este plan se hace con el apoyo monetario del BID, por lo que debe tener una fecha de finalización, ¿qué pasara después, cuando se termine el dinero?