Pudo haber sido un descuido, una distracción, pero a medida que pasa el tiempo, que se investiga, que la gente habla, parece que fue una conducta, una elección: este viernes la mayoría, unos diez funcionarios del Servicio de Seguridad Presidencial fueron desplazados tras conocerse que tienen anotaciones policiales por diversos delitos. Antes había caído y está formalizado por la fiscalía el jefe: Alejandro Astesiano.
Astesiano, hoy preso en la cárcel de Florida, imputado por asociación para delinquir, tráfico de influencias y suposición de estado civil e investigado por lavado de activos poseía 30 anotaciones por varios delitos, que el presidente Lacalle admitió conocer de antemano, y dos antecedentes penales por estafa, que incluyeron una estadía de cuatro meses en prisión, que el presidente dijo no conocer y después dijo que fue engañado.
Este viernes Presidencia de la República fue en contra de lo dicho antes por el propio primer mandatario y analizó el legajo de todos los funcionarios de seguridad. Lacalle Pou había descartado hacerlo al informar sobre la detención de Astesiano. “La norma siempre creo que es la buena intención y la buena conducta, la excepción es la mala intención y la mala conducta, si es que se prueba en este caso, que, insisto, lo único que tenemos son los indicios de los pedidos de una fiscal”, justificó el mandatario. En ese entonces, Astesiano no había sido imputado y Lacalle había decidido no removerlo aplicando el principio de inocencia. Pero ahora…
Un informe de Radio Sarandí divulgado en 2021 daba cuenta de que el custodio del presidente Luis Lacalle, no era el único de la seguridad presidencial que había pasado por indagatorias.
El informativo del medio radial advertía que “el segundo al mando de Astesiano, el policía Jorge Luis Borges, que desempeñaba tareas en las Áreas de Investigaciones de la jefatura de Montevideo, en Investigaciones de Zona IV, integraba un grupo de policías indagados por diversos delitos como extorsión, privación de libertad y coimas.
Borges no fue procesado por ello, dado que en el momento del procedimiento se encontraba de licencia. Si bien no cuenta con antecedentes judiciales tiene más de una indagatoria por diversas causas.
Pablo Martín Valenzuela es otro policía de la custodia que cumple funciones usualmente en la residencia presidencial y también se desempeñó en Áreas de Investigaciones de la Jefatura de Montevideo, en la Zona IV.
Este policía fue removido de ese puesto tras un confuso incidente en que una cámara de seguridad de un comercio registró el ingreso de dos rapiñeros y se ve a Valenzuela metiéndose algo en sus bolsillos, en tanto otros compañeros fueron indagados por haberse quedado con dinero del robo. Este hecho ocurrió en julio de 2018.
Una investigación de urgencia con conocimiento de la fiscalía derivó a la Dirección de Asuntos Internos, pero el casó permaneció ahí. Además, Valenzuela fue indagado en varias oportunidades por violencia doméstica, informó la emisora desde entonces.
Otro de los custodios, de apellido Galarza que estuvo entre los que cuidaron al presidente y a la vicepresidenta Beatriz Argimon, incluso se lo puede ver en las imágenes de ese día cuando saludaba a las aparcerías, oriundo de Mercedes, estuvo preso.
CASAMIENTO RUSO
En enero de 2021, el Poder Ejecutivo determinó que el presidente Luis Lacalle Pou “actuando con el ministro o ministros respectivos, autorizará el ingreso al país de aquellas personas que se amparen en alguna de las excepciones establecidas” en un decreto de marzo de 2020, cuando el gobierno prohibió por primera vez el ingreso de extranjeros al Uruguay.
También se cita otro decreto promulgado en junio de 2020, que detalló las excepciones. De esta forma podían solicitar el ingreso al país los extranjeros residentes, tripulaciones de aeronaves y prácticos de buques, choferes afectados al transporte internacional de bienes, mercaderías, correspondencia, insumos y ayuda humanitaria y sanitaria, diplomáticos acreditados ante el gobierno uruguayo o ante Organismos Internacionales con sede en el país, extranjeros que se beneficien de corredor humanitario o sanitario establecido para el embarque o desembarque de cruceros, buques y aviones con base donde la autoridad sanitaria determine.
El 11 de junio de 2021 se concretó el ingreso de 43 personas, entre ellas dos de los presuntos cómplices del exjefe de custodia presidencial Alejandro Astesiano, imputado por asociación para delinquir, tráfico de influencias y suposición de estado civil.
Los ciudadanos rusos Olesia Dzhumelia y Andrey Kashtanov están en la lista de ingresos permitidos firmada por el secretario de Presidencia Álvaro Delgado, quienes se casaron en el Chuy. Desde enero de 2022 los casamientos se pueden hacer en las intendencias, y en los lugares donde hay municipios por parte de los alcaldes. La ceremonia del casamiento de la pareja rusa se hizo en el supermercado que decían cuyo 50% querían comprar.
Delgado explicó este jueves a El País que su participación se limitó a una “firma administrativa” y que hubo “previa fundamentación del organismo competente”. Hubo “miles y miles de solicitudes de ingreso, y muchas de ellas fueron aprobadas, siempre teniendo los resguardos sanitarios correspondientes”, recordó el jerarca.
“Lo que yo hacía era firmarlas para que luego lo analizara Migraciones, siempre en función de una casuística contemplada por los distintos decretos”, precisó.
Delgado indicó que “hubo planillas de empresas como UPM, que traía muchísimos trabajadores de todas partes del mundo a trabajar en la planta y que se iban renovando; también había trabajadores para frigoríficos, de Conaprole, de clubes deportivos varios, gente que venía a participar de eventos, productoras audiovisuales, accionistas o emprendedores en el rubro hotelero o gastronómico”.
Es cierto lo que dice Delgado, el secretario de la Presidencia no puede indagar cada nombre que se le da, cada planilla que firma; debe confiar en los pasos previos que se dan antes de que el documento llega a su escritorio, el punto es saber ¿quién pidió esa excepción?