El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, debió asistir al Senado para discutir el agravamiento de la criminalidad violenta y para informar sobre la estrategia gubernamental para combatir tal flagelo. Oficialistas y opositores se acusaron mutuamente de negar la realidad, con argumentos casi calcados de la época en que los papeles estaban invertidos.
Durante la comparecencia de Heber se repitió el plato que se consumió en los pasados tres gobiernos de izquierda cuando el blanco de los hoy gobernantes era el ministro Eduardo Bonomi. No hubo nada nuevo bajo el sol. Se vivió una jornada de ajustes de cuentas, salvo que no son los que salen en la televisión con el recuento de muertos, sino ajustes de cuentas políticas buscando rendimientos electorales, de imagen, etcétera. Pero la seguridad pública es demasiado importante como para que se reduzca a un mero ajuste de cuentas entre los partidos políticos, pero parece que no se entiende.
Tampoco se entiende por qué tanto oficialismo como oposición, ahora y antes, creen que las medidas deben estar básicamente circunscriptas al Ministerio del Interior, a la represión. ¿Es que no tienen nada que ver el Mides, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Educación, el de Salud Pública y las intendencias?
“Uruguay fue una isla de tranquilidad”, dijo en un tramo de su exposición el senador del Frente Amplio Enrique Rubio, para decir que ahora no lo es. Hoy viernes leo que Sanguinetti dijo, muy suelto de cuerpo, que durante los gobiernos del Frente Amplio se entregó el país al narcotráfico.
¿En serio, senador Rubio Ud., cree eso de la isla de tranquilidad, y Ud., señor Sanguinetti, dice en serio eso de la entrega del país al narco?
En 1994, un informe de la DEA, agencia antidrogas de EE.UU., señaló a Uruguay como un importante centro de lavado de dinero del narcotráfico. Algunos instrumentos jurídicos que facilitaban el lavado, como las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión, más conocidas como las SAFI usadas para el lavado y la evasión fiscal. “Nosotros hacemos sociedades, lo que luego sus dueños hacen no es problema nuestro. Somos fabricantes y vendedores de cuchillos; lo que haga el comprador del cuchillo no es problema nuestro, puede usarlo para cortar pan o para cometer un crimen”, decía, ante las críticas que había frente a ese instrumento, el ex ministro de Economía del gobierno de Lacalle, Ignacio de Posadas y el entonces presidente del Banco Central Ramón Díaz.
Recién en el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, a partir de 1995, fue que el sistema político se empezó a dar cuenta de la gravedad del problema que enfrentaba Uruguay.
En 1997 se detectó la presencia en Uruguay del cartel de Juárez, en ese momento la organización criminal más poderosa del mundo. Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, jefe de esa organización mafiosa mexicana, estuvo en la región buscando establecer una zona de descanso o refugio, cuando ya era muy buscado en México por la DEA.
El cartel de Sinaloa, el de el Chapo Guamán anduvo por Uruguay y también los colombianos que emergieron tras Pablo Escobar, hasta un ala de las FARC, dedicada al tráfico de drogas quisieron instalarse en el país.
El Chupeta, de nombre Juan Carlos Ramírez Abadía, un temible narco colombiano uno de los líderes del cartel del Norte del Valle, que ya llevaba seis cirugías en su rostro para burlar a quienes lo buscaban, ya sea policías o sus colegas narcos, vio que Uruguay ofrecía seguridad y poco antes de caer se supo que había ya arbitrado todo para instalarse en Uruguay.
Un caso distinto fue el del otro líder del cartel del Norte del Valle, Wilber Varela, alias Jabón, a quien le gustaba elegir novias de “prepago” entre las modelos que desfilaban por las pasarelas en las fiestas de Punta del Este.
O el brasileño José Paulo Vieira De Mello, conocido como Paulo Seco, líder del Comando Vermelho, que estaba afincado en Uruguay en la Ciudad de la Costa, y fue detenido y extraditado a Brasil.
Hasta la mafia de los Balcanes, liderada por el temible Darko Saric quiso hacer de Uruguay un lugar para usar en su logística. Fue una operación realizada en este país, a través de la cual se confiscó más de dos toneladas de cocaína que puso fin a la carrera criminal del montenegrino.
Y puedo seguir, pero así a vuelo de pájaro por este recuento pasaron gobiernos de los tres partidos más importantes y viejos del sistema político uruguayo.
Los senadores del Frente Amplio asumieron que estamos ante un problema de larga data y creciente, que tampoco pudo ser resuelto durante los gobiernos de esa fuerza política. Abogaron por la cooperación de todos. La respuesta fue una tanga roja.
El director de convivencia del Ministerio del Interior, Santiago González posteó este jueves y de manera inadvertida en la red de Twitter, una tanga roja entre otras imágenes con las que pretendía defender la gestión ministerial. La metedura de pata se convirtió en uno de los temas más conversados en las redes y Twitter se inundó de cientos de memes, pero más que gracioso, el episodio fue patético, incluso a pesar de que fue un error. La foto de esa prenda no debería estar en la memoria del celular de uso oficial. Si González tuviera sensibilidad tendría que renunciar y si eso no ocurriera, debería ser relevado, y esto no es moralina victoriana como han dicho algunos que han controvertido esta opinión por cuanto este jerarca es el cuarto en la línea de mando del Ministerio del Interior. Es quien tiene a su cargo las cárceles y la relación con la comunidad.
El episodio dejó en claro que la búsqueda de acuerdos políticos en materia de seguridad importa tanto como una tanga roja.