Esto se da luego de que el Tribunal rechazara su solicitud de ampliar su declaración en el juicio “para poder ejercer efectivamente su derecho a la defensa”.
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, acusó este lunes de estar ante un “fusilamiento mediático-judicial”, luego de que la Fiscalía solicitara 12 años de prisión en su contra por la causa “Vialidad” (en la que se investiga la adjudicación de contratos de obras públicas durante su gobierno y el de Néstor Kirchner entre 2003 y 2015), y que el Tribunal rechazara su solicitud de ampliar su declaración en el juicio “para poder ejercer efectivamente su derecho a la defensa”.
“Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante cinco días en mayo de 2019”, dijo la vicepresidenta a través de su cuenta de Twitter.
A continuación, enfatizó que el martes a las 11 horas de Argentina (GMT-3), “demostrará por qué le prohibieron hablar en el juicio después del obsceno guion que montaron los fiscales”.
Previo a que comenzara la exposición de la Fiscalía, Fernández pidió ampliar la declaración para poder defenderse y afirmó: “Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”.
A comienzos de agosto, la vicepresidenta recusó al fiscal y al presidente del tribunal que la juzga por la cercanía entre ellos y el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), lo que, desde su punto de vista, es un “verdadero escándalo”.
Pedido de condena
Además del pedido de 12 años de prisión para la vicepresidenta, los fiscales solicitaron su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos; una pena de 12 años para el empresario cercano al Kirchnerismo Lázaro Báez, y una de 10 para el exsecretario de Obras Públicas José López.
“Hoy más que nunca, la sociedad reclama justicia y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde. Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones”, dijo el fiscal Diego Luciani durante sus alegatos orales.
Fernández está procesada por los presuntos delitos de asociación ilícita y defraudación en perjuicio de la administración pública por supuestas irregularidades en la adjudicación de 51 obras de Santa Cruz a empresas del empresario cercano al Kirchnerismo Lázaro Báez. Según la fiscalía, está “acreditado” que en los gobiernos de Kirchner y Fernández funcionó “una asociación ilícita” que, liderada por “quienes se desempeñaron como jefes de Estado”, se convirtió en “una de las matrices de corrupción más extraordinaria” que se haya visto en el país.