La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) presentó un completo y extenso informe al cual accedió El Acontecer, en el que se documenta las vulnerabilidades de niños y adolescentes que habitan en pueblos rurales para acceder a sus derechos elementales.
El estudio se basó en cinco localidades del interior del país, y una de estas fue Carlos Reyles, ubicada en el departamento de Durazno.
El reporte fue presentado públicamente el miércoles pasado, en Montevideo. Consta de un informe sobre el acceso a la educación, la salud y la justicia por parte de las infancias y adolescencias que viven en pueblos rurales.
El proyecto Infancias y Adolescencias en Pueblos Rurales, ejecutado por el área de Descentralización de la INDDHH, se centra en la población perteneciente a la ruralidad dispersa y localidades de menos de 5.000 habitantes de todo el país. Intenta relevar información y articular con actores locales para generar acciones de incidencia con foco específico en la población de hasta 18 años de edad que reside en el medio rural y en localidades de menos de 5.000 habitantes, según se explicó en la ocasión.
“Su objetivo es detectar eventuales vulneraciones de derechos y generar acuerdos para promover políticas públicas y buenas prácticas que mejoren el acceso de esta población a la la educación, la salud y la justicia”, se dijo.
A efectos de recabar información cualitativa se seleccionaron 5 localidades: Arévalo, departamento de Cerro Largo; José Batlle y Ordóñez, departamento de Lavalleja; Constitución, departamento de Salto; Achar, departamento de Tacuarembó; y Carlos Reyles, departamento de Durazno. En estos departamentos el área de Descentralización ha estado trabajando en los últimos años.
Se abordan los siguientes aspectos: acceso a la educación inicial, primaria y media; acceso al primer nivel de atención de salud, la salud sexual y reproductiva y la salud mental, y presencia territorial institucional del sistema de justicia, y los principales temas de judicialización.
Para la elaboración del informe se utilizaron tres tipos de fuentes de información: entrevistas con actores locales, departamentales y nacionales; grupos focales con funcionariado público, organizaciones de la sociedad civil y niños/as y adolescentes; y datos estadísticos que fueron analizados integralmente para visibilizar e identificar hallazgos y elaborar recomendaciones.
Presentación
Al momento de presentar el informe tomó parte la Dra. Mariana Mota, directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo; el Área de Descentralización de la INDDHH; la Prof. Ana Verocai, directora de la Dirección Sectorial de Integración Educativa de ANEP; el Dr. Adrián Sunes, integrante de la Sociedad de Medicina Rural; el Dr. Fernando Gómez, Juez de Paz Departamental de Dolores e integrante de la Asociación de Magistrados del Uruguay así como Luis Pedernera, miembro del Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño.
Fundamentos
Desde su creación en el año 2018, el Área de Descentralización desarrolló su trabajo al norte del río Negro, teniendo en cuenta los indicadores socioeconómicos del país. Durante ese año y el 2019 se abordaron actividades y acciones regulares con el involucramiento de organismos públicos nacionales y departamentales de Artigas, Rivera, Cerro Largo, Treinta y Tres, y de Rocha, así como con organizaciones sociales.
En 2020 se incorporaron Tacuarembó y Durazno y, en 2021, Lavalleja y Salto. El objetivo de la selección de localidades se centró en relevar información cualitativa a través del contacto con actores locales y departamentales. Las localidades se seleccionaron sobre la base de la experiencia de trabajo del Área de Descentralización y por reunir distintas características en cuanto a cantidad de población, distancia y trayecto desde y hacia las capitales departamentales, oferta de servicios, y accesibilidad. Esto permitió un primer acercamiento a la diversidad de los pueblos rurales y, más específicamente, a las infancias y adolescencias rurales como unidad de análisis de este proyecto.
“Sin embargo, es importante señalar que no se trata de una muestra representativa”, se dejó en claro. Las cinco localidades abarcaron los centros poblados del eje de la ruta nacional Nº 7 (Arévalo, departamento de Cerro Largo, y José Batlle y Ordóñez, departamento de Lavalleja), y del norte y centro del país (Constitución, departamento de Salto; Achar, departamento de Tacuarembó; y Carlos Reyles, departamento de Durazno). Se destacan algunas de las características de estas localidades que determinaron su selección: en el caso de Carlos Reyles se trata de una localidad con 976 habitantes, ubicada a 39 kilómetros de la capital departamental.
Los enfoques
La metodología de trabajo utilizada en el Proyecto Infancias y Adolescencias en Pueblos Rurales incorporó dos enfoques ampliamente reconocidos a nivel internacional: a) enfoque de género y derechos humanos con énfasis en derechos de la niñez y la adolescencia, y b) enfoque desde la perspectiva de los agentes. A los efectos de este proyecto se entiende que los principales agentes son las niñas, niños y adolescentes que viven en pueblos rurales y el funcionariado público encargado de efectivizar los tres derechos seleccionados.
Las vulnerabilidades
Pues bien, el informe detectó que se vulneran derechos de niños y adolescentes de pueblos rurales.
El acceso a la educación, a la justicia y a la salud son los puntos más deficitarios, según la Institución Nacional de Derechos Humanos.
“En el caso de la salud, por ejemplo, el acceso a especialistas y focalizando exclusivamente, porque esa fue la idea, el acceso a pediatras no es continuo, es periódico en el mejor de los casos, pero en lo que es el espacio adolescente, el abordaje de la salud que es bien importante, es ausente. Pasamos desde la pediatría a la adultez”, indicó Mariana Mota, directora de la institución, para quien hay que considerar que esa omisión también debe considerarse cuando se habla del embarazo adolescente y situaciones de salud mental.
En cuanto a la vulneración de derechos en el acceso a la educación y a la justicia, con el cierre de sedes judiciales en varios puntos del país, Mota explicó: “Se les priva o no se les brinda el servicio que tiene obligación el Estado de hacer. En el caso de la educación, si bien hay una buena cobertura en los primeros años, a medida que crecen, como los servicios de educación secundaria o técnica el traslado los dificulta, genera largas jornadas, y ahí empiezan a interceptarse la educación con el trabajo rural”.
En próximas ediciones detallaremos los aspectos principales que reporta el estudio.