Se la imputó por la coautoría de los delitos de asociación ilícita agravada en calidad de jefa y administración fraudulenta agravada.
Los fiscales argentinos Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron este lunes la pena de 12 años de prisión para la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por la causa conocida como “Vialidad” en la que se investiga la adjudicación de contratos de obras públicas durante su gobierno y el de Néstor Kirchner entre 2003 y 2015. Asimismo, solicitaron su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
“Hoy más que nunca, la sociedad reclama justicia y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde. Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones”, dijo Luciani durante sus alegatos orales.
Por su parte, Fernández solicitó, previo a que comenzara la exposición de la Fiscalía, ampliar su declaración mañana martes en el juicio para “poder ejercer efectivamente” su “derecho a defensa”.
“Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”, dijo la vicepresidenta. A comienzos de agosto, Fernández recusó al fiscal y al presidente del tribunal que la juzga por la cercanía entre ellos y el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), lo que, desde su punta de vista, es un “verdadero escándalo”.
En la tarde, el Tribunal rechazó el pedido de la vicepresidenta.
Fernández está procesada por los presuntos delitos de asociación ilícita y defraudación en perjuicio a la administración pública por supuestas irregularidades en la adjudicación de 51 obras de Santa Cruz a empresas del empresario cercano al Kirchnerismo Lázaro Báez. Según la fiscalía, está “acreditado” que en los gobiernos de Kirchner y Fernández funcionó “una asociación ilícita” que, liderada por “quienes se desempeñaron como jefes de Estado”, se convirtió en “una de las matrices de corrupción más extraordinaria” que se haya visto en el país.
Además, los fiscales también pidieron la pena de 12 años para Baez, como también la pena de 10 años para el exministro de planificación Julio de Vido y 10 para el exsecretario de Obras Públicas José López.
Defensa de Alberto Fernández
El presidente argentino, Alberto Fernández, calificó como un “día muy ingrato” lo que sucedió con la vicepresidenta, a quien le expresó su “más profundo afecto y solidaridad”.
El mandatario publicó en Twitter un comunicado en el que el gobierno “condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidente”.
“Tal como expresó el presidente Alberto Fernández en reiteradas ocasiones, la persecución judicial avalada y promovida por distintos medios de comunicación, la tipificación abusiva de la figura de la asociación ilícita, la imposición de la prisión preventiva como pena anticipada, la acusación fundada en responsabilidades objetivas y la aplicación del derecho penal de autor, son todos aspectos que contradicen la dogmática del derecho penal aplicable en una República fundada en el Estado de Derecho”, se dice en el texto.
Agrega que “ninguno de los actos atribuidos” a la vicepresidenta “ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período, lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del Derecho Penal moderno”.
Asimismo, el gobierno reiteró su “adhesión al principio constitucional de inocencia y a la plena vigencia del funcionamiento democrático de la justicia, el derecho de defensa y la igualdad ante la ley y seguirá bregando por una reforma judicial que garantice estos valores para todos y todas”.