Segunda Oportunidad es un proyecto de ley presentado por el diputado Felipe Carballo (Frente Amplio) para ayudar a saldar deudas con las financieras y salir del Clearing de Informes a miles de uruguayos que enfrentan dicha problemática.
De paso por la ciudad de Durazno, el legislador de izquierda manifestó que para su concreción se analizó “legislación comparada” de otros países ya que el tema cruza fronteras. “Estamos preocupados porque hay un conjunto importante de familias, de personas, en el en torno de los 650.000-700.000 uruguayos que están por fuera del sistema financiero, debido al solo hecho de estar en el Clearing de Informes”.
“Esto puede haber ocurrido por diferentes motivos, desde que te quedaste sin trabajo hasta que el sueldo no te alcanza para cumplir con ciertos compromisos, te atrasaste y después fue obviamente imposible retomar la cadena de pagos”, agregó el representante de Compromiso Frenteamplista.
El República
Se apunta a un salida alternativa con el involucramiento directo del Estado, dijo, dando cuenta de la preocupación que genera que miles de uruguayos se encuentren en el Clearing de Informes y queden por fuera del sistema financiero.
“La idea es que el Ministerio de Economía lleve adelante las negociaciones con los acreedores, se saquen de encima intereses, multas, recargos e ir a la deuda original”, precisó. Carballo plantea que el Banco República brinde un crédito para las personas que tienen este tipo de adeudos y sea la citada institución quien gestione el pago a los acreedores. “Una financiación a cinco años para los deudores sin el negocio bancario en el medio, a no ser lo que tiene que ver con gastos de funcionamiento y el valor del dinero”, acotó.
Hasta $ 100 mil
El proyecto consta de 18 artículos y surge de la preocupación de uruguayos que están viviendo una situación angustiante, sostuvo. Se apunta a un tope de 20.000 unidades indexadas, equivalente a $ 100.000.
“Hablamos de deudas originales porque muchas personas han tomado algún crédito por 20 o 30 mil pesos, se atrasaron y hoy, con los intereses, multas y recargos, adeudan 200 o 300 mil pesos. Ello es algo imposible de afrontar para cualquier familia, dejándolas por fuera de lo que es el sistema financiero, llevándolas a lo que nosotros estamos planteando: la muerte civil, porque prácticamente no tienen acceso a ninguno de los servicios”, comentó.
Urge encontrar una salida en esa dirección, máxime teniendo en cuenta que el gobierno decidió priorizar el tratamiento de temas vinculados a la usura, lo que compartimos, expresó el legislador de izquierda.
