En atención al avance exponencial de la tecnología, dispositivos electrónicos, software y equipos técnicos, y habida cuenta de la falta de legislación en la materia, el doctor Luis González Laguna presentó un proyecto sobre ciberdelitos o delitos informáticos.
El profesional duraznense tiene en cuenta que las mencionadas herramientas no solamente ayudan a la persona a ser más eficiente en los soportes o plataformas digitales y al desempeño de las empresas, sino que son utilizadas para violentar información, manipular datos, concretar hechos ilícitos y lesionar bienes jurídicos.
“En 2020, la crisis sanitaria a nivel global produjo una aceleración de los medios tecnológicos, los cuales tuvimos que poner en funcionamiento a nivel mundial para poder derribar los obstáculos de la cuarentena y aislamiento social, dar continuidad al funcionamiento de la comunidad, desde los centros educativos como de las grandes corporaciones. Las potencias más grandes impulsaron plataformas y mecanismos para continuar de una u otra manera con la vida social y una nueva normalidad”, expresó.
Ciberdelitos
“Por definición podemos hablar de ciberdelitos en forma genérica haciendo mención a una actividad delictiva, la cual es menester se realice con equipos informáticos o a través de redes en internet”, dijo González.
“Esta nueva modalidad delictual —ya regulada en otros países—, o calificada como tal, es cometida por sujetos llamados ciberdelincuentes a través de medios tecnológicos, equipos informáticos o internet. Los ciberdelincuentes atacan a personas físicas, jurídicas, entidades u organismos y/o agencias del gobierno con diferentes objetivos. La nómina puede ser bastante amplia, desde dañar, destruir, violentar información confidencial para realizar estafa económica o simplemente con el fin de llevar adelante un delito común que no ingrese dentro de la calificación (ciberdelito)”, agregó.
Según estimaciones de organismos que manejan el registro de direcciones de internet para América Latina y el Caribe, el cibercrimen le cuesta a nuestra región alrededor de 90.000 millones de dólares al año, comentó. “En nuestro derecho no tenemos regulación aprobada, pero recientemente ha ingresado un proyecto de ley al Parlamento para su tratamiento”, añadió.
Convenio Budapest
El proyecto, indica González, tiene como antecesor el Convenio de Budapest sobre ciberdelitos. “Se trata del primer tratado internacional creado con el objetivo de proteger a la sociedad frente a los delitos informáticos y los delitos en Internet mediante la elaboración de leyes adecuadas, la mejora de las técnicas de investigación y el aumento de la cooperación internacional”, precisó.
Dentro de cada uno de los tipos penales la redacción de Budapest sobre cibercrimen otorga un margen a cada país, de forma tal que la norma se vuelve más o menos punitiva en los diferentes ordenamientos jurídicos.
“El convenio no solo incluye y menciona delitos, sino también normas procesales, que son las más controvertidas dentro del ámbito”, señaló.
Proyecto
El proyecto propone la creación de nueve ciberdelitos y medidas educativas, que tienen como objetivo advertir y prevenir respecto del uso de herramientas informáticas e instruir a la ciudadanía en el manejo de sus finanzas personales a través de medios digitales y ciberseguridad. Asimismo, menciona medidas educativas dirigidas a estudiantes de secundaria y escuelas técnicas.
Finalmente, el proyecto deja abierta la posibilidad de definir ciertos conceptos que se consideran relevantes en este capítulo, como medios de pagos, pago electrónico, código QR, operaciones online, entre otros.
“Los nuevos tipos penales, creados por el proyecto, en realidad no tienen autonomía como bien jurídico diferenciado, sino que se integran a los títulos existentes en el Código Penal. En otras palabras, los ciberdelitos no crean un nuevo título donde queden consagrados en esta modalidad delictual, sino que se integran en forma precisa y acertada a los bienes jurídicos con los que se los relaciona o de acuerdo al bien jurídico que se pretende tutelar”, sostuvo.
La Fiscalía y el Ministerio del Interior enfrentan una gama amplia de delitos informáticos.
Una de las estafas más comunes es la simulación de venta de un producto que no se entrega por medio de perfiles falsos en redes sociales.
En los últimos meses se han complejizado y sofisticado las maniobras de estafa por intermedio de dispositivos tecnológicos; ejemplo de ello es una modalidad reciente que afectó a decenas de usuarios de bancos cuyas cuentas fueron hackeadas para comprar criptomonedas.
Los nueve delitos planteados, uno por uno
Está previsto que la nueva ley (de ser aprobada) incorpore nueve figuras penales, distintas de acuerdo con el concepto que las define y respectivas al bien jurídico que pretendan proteger.
“La preparación respecto de la persecución de los delitos informáticos será una gran prueba para la nueva era en la que vivimos”, afirma González.
El proyecto plantea la creación de los siguientes delitos: 1. Acceso ilícito a datos informáticos, 2. Daños informáticos, 3. Abuso de dispositivos, 4. Estafa informática, 5. Grooming, 6. Acoso telemático, 7. Vulneración de datos, 8. Suplantación de identidad y 9. Terrorismo digital.
Si bien estas nuevas figuras han sido tomadas y reguladas por varios estados, deberíamos analizar nuestro contexto interno para tener una conclusión justa, comenta. “Por otra parte —nuevamente referido al tema en cuestión (ciberdelitos)—, tanto para la Fiscalía como para el Ministerio del Interior es muy importante que los operadores del sistema de justicia estén capacitados para afrontar este cambio. Para perseguir los delitos, hay que prepararse y conocer cómo funciona, el modus operandi, y también para no terminar incriminando a personas inocentes por desconocimiento o la falta de procedimientos adecuados. Es un aspecto relevante tanto para prevención como para la persecución”, culmina.
