El 15 de julio la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal consideró que las acciones de inteligencia sobre los familiares de las víctimas no constituyeron un delito.
El fiscal general ante la Cámara Federal de Buenos Aires, José Luis Agüero Iturbe, solicitó este lunes que se anule el fallo que sobreseyó al expresidente Mauricio Macri en la causa por supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan, que se hundió en el mar argentino en noviembre de 2017 con 44 tripulantes, y calificó esa resolución como arbitraria.
“Contrariamente a lo señalado por los señores Jueces en la recurrida, y como lo he sostenido en reiteradas oportunidades ante una denuncia de trascendencia institucional, que revista mínimamente seriedad y verosimilitud, los jueces no pueden arbitrariamente cerrarla”, señaló Agüero Iturbe en el dictamen al que accedió la agencia Télam.
El 15 de julio la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal dictó el sobreseimiento al considerar que las acciones de inteligencia sobre los familiares de las víctimas no constituyeron un delito. “Los informes que conforman los hechos de reproche se evidencian claramente como actividades tendientes a preservar las instituciones constitucionales –entre las que se encuentra la figura presidencial y/o la seguridad interior-“, estableció la resolución judicial respecto a las labores de inteligencia cuestionadas en la causa.
Agüero Iturbe criticó lo resuelto por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, a quienes reprochó “correr el eje de la discusión y de la investigación”
“Los señores magistrados” omitieron “considerar que ciudadanos comunes y corrientes (…) no constituían en modo alguno un conjunto operativo terrorista, un grupo de ciberdelincuentes, entre otras denominaciones que pretendan esgrimirse”, sostuvo el fiscal. “Se trataba de personas que lo único que pedían era el esclarecimiento de los acontecimientos que rodearon los hechos concernientes a la pérdida de sus seres queridos”, añadió.
El fiscal remarcó que “en ningún momento” los familiares hicieron referencia alguna “ni siquiera de modo potencial, acción alguna o exteriorización de pensamiento que ponga en peligro la seguridad del máximo mandatario de la república”.
“A no ser que la intención de acercarle una carta a quien nos gobierna a todos los argentinos sea considerada un atentado magnicida, consideración -creo y espero- que ninguno estamos dispuestos a sostener”, ironizó.
Investigación judicial
Familiares de tripulantes del ARA San Juan fueron espiados sin orden judicial después del hundimiento del submarino, antes y después de que este fuera encontrado, cuando reclamaban que la búsqueda continuara o que se trabajara para recuperar los restos de quienes murieron.
El presunto espionaje ilegal fue denunciado ante la Justicia en setiembre de 2020 por la entonces interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, con el acompañamiento de los familiares.
Según las investigaciones judiciales, familiares de tripulantes del ARA San Juan fueron espiados sin orden judicial después del hundimiento del submarino, antes y después de que este fuera encontrado, cuando reclamaban que la búsqueda continuara o que se trabajara para recuperar los restos de quienes murieron.
El 15 de noviembre de 2017, a dos días de su partida de Mar del Plata, el submarino se comunicó por última vez con la Armada. El comandante informó de un principio de incendio por la entrada de agua al compartimiento de baterías del submarino.
Un año después de ese último contacto, el 16 de noviembre de 2018, la empresa estadounidense Ocean Infinity anunció que encontró los restos del submarino hundido, aunque los cuerpos nunca fueron encontrados.
En marzo de este año el Consejo de Guerra sancionó con penas leves a la cúpula de la Armada tanto por su responsabilidad en el hundimiento como por su actuación posterior.