Hay una distancia sideral entre lo que los políticos declaran en público y lo que comentan en privado. Hay un discurso público y otro privado. No es novedad. Hay un mundo de selfies, de abrazos y besos, de comer unos panchos en La Pasiva y otro privado, más terrenal, más común, que puede llegar a ser sórdido.
Esta semana que termina, el debate público vive en medio de una taquicardia permanente, en la que un acontecimiento tras otro va construyendo y deshaciendo relatos y el monitor holter los registra al ritmo de los medios y de las redes. Pero la política se agita cada semana con dos casos sonados: el Caso Marset y el caso Astesiano. En este carrusel de chats que se revelan al ritmo del trabajo de los periodistas, la oposición política habla de crisis política y moral del gobierno.
CASO MARSET
A principios de esta semana renunció a su cargo de subsecretaria en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, ya huérfana de apoyo en su sector Ciudadanos, del Partido Colorado, al que también abandonó, molesta, obviamente, por la falta de apoyo. Pero con la renuncia de Ache, quizás responsable menor del episodio, la entrega de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, lejos de aclararse se oscureció aún más. Recordemos que en el Parlamento las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Interior mintieron cuando dijeron que ignoraban la condición de narcotraficante de Marset. Y a pesar de lo evidente, el presidente Luis Lacalle Pou dijo un día: “la subsecretaria tiene todo mi respaldo”, pero al siguiente matiza: “si bien tiene mi total confianza, será el Partido Colorado quien decida sobre su continuidad”. En el sector Ciudadanos, más allá del error evidente que cometió Ache, de no informar lo que sabía, que Marset era un “narco pesado y peligroso”, se la comieron en dos panes. Había una historia de desencuentros en el sector y eso pesó. No pasó lo mismo con el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, quien sí sabía quién era Marset; de hecho fue quien se lo informó a Ache, pero sigue en su cargo como si nada hubiera pasado.
Mientras tanto, Marset sigue sin paradero conocido y libre.
CASO ASTESIANO
A mediados de este año se divulgaron imágenes de Sanna Marin, la primera ministra finlandesa en una fiesta privada bailando y algunos, los más osados dijeron que había consumido cocaína. Esto generó una marea de críticas en las redes sociales a tal punto que la premier se sometió voluntariamente a un test de drogas.
Hace unos años. La recientemente fallecida ministra del interior Daisy Tourné, publicó en su página de Facebook una foto de ella bajo la lluvia de la ducha. Fue desollada por todos, hasta los de su propio partido. El diario El País se ensañó con ella. Es este diario que, viernes 23 en un editorial califica de hienas a quienes investigan y/o publicaron una noticia sobre la intimidad del presidente de la República, cuando se conoce un chat de su guardia personal pidiendo datos sobre el viaje que iba a hacer, la ya en ese momento, ex esposa, Lorena Ponce de León.
El debate está sobre la mesa cuando discutimos si la condición pública de una persona implica una renuncia al derecho de la privacidad.
Pero, ¿son similares los casos? No, de ninguna manera. Tanto la premier finlandesa, como la ex ministra Tourné actuaron en el marco de su vida privada. La una bailando y la otra en su página de Facebook y en ninguno de los casos usaron recursos humanos y/o materiales del Estado, como si parece que fue en el caso del presidente Lacalle.
Pero hay más ha sido el propio presidente el que ha hecho pública su privacidad. O nos olvidamos que en la campaña electoral se han usado en spot publicitarios a su familia, a sus hijos, para mostrar ese modelo aspiracional para un vasto sector de la sociedad, de pareja joven con hijos bien avenidos, algo que además ya fue usado en el pasado por su propio padre, Lacalle Herrera en los años ´90. La familia Lacalle Pou- Ponce de León era la imagen de la familia perfecta.
¿Cómo puede ahora aducir el entorno del presidente que se viola su intimidad o se expone su vida privada, si el primero en hacerlo fue él mismo?
Pero además, según lo que surge de los chats, hay un uso indebido de los recursos públicos para, una llamémosle así, satisfacer una curiosidad personal del primer mandatario. Era por la seguridad de la ex esposa, se afirma. Si así fuera ¿por qué el sigilo?: esto es entre nosotros, dice Astesiano al custodio de Ponce de León. Y si fuera cierto ¿por qué se llegó al “apriete” de un medio, el diario El Observador, para que no se publicara tal información?
Es cierto que falta comprobar si esa vigilancia fue una orden presidencial o una iniciativa del funcionario “profesionalmente intachable”, (Lacalle dixit), de Alejandro Astesiano.
Pero a la luz de todo lo que se conoce – ya nadie dice que los chats son falsos- no parece que el custodio de Lacalle y el de Ponce de León, que además dice que él es leal a Astesiano y al presidente, actúen por su cuenta.