Entrevista con el Dr. Rafael Silva, abogado de la víctima
Situemos el contexto, que tuvo un lamentable desenlace fatal.
Un policía duraznense circulaba por Ruta Nacional Nº 5, frente a la ciudad de Durazno, en su motocicleta. En el mismo sentido, una camioneta conducida por un trabajador extranjero que se desempeñaba en la construcción de la futura planta de celulosa de UPM. Corría el invierno del año 2022.
La camioneta realiza un rebase y embiste al conductor de la moto, que a su vez es embestido por un ómnibus de pequeño porte.
El hecho sucedió hace 4 meses, y sus consecuencias fueron trágicas. Rafael Nicolás Rodríguez Calleros de apenas 32 años, padre de familia, dos hijos, perdió la vida. Sus padres lo lloran, su esposa y sus pequeños también. Aquella pérdida del ser querido, en este triste contexto, se traduce en una instancia judicial por la cual la familia pretende justicia.
Así lo exhiben los carteles que portaron en el acceso a la sede judicial, este martes. Así lo explica el abogado Dr. Rafael Silva.
“Ayer (por el martes) vencían las medidas cautelares establecidas oportunamente, solicitas por Fiscalía cuando fue hecha la solicitud de formalización. El juez en su momento hizo lugar a este pedido, las investigaciones de tipo penal indican y es de estilo que cuando estén próximas a vencer las medidas cautelares, se solicita la renovación de las mismas para asegurarse el arraigo del imputado al proceso judicial estrictamente hablando. Este martes se hizo un pedido con la finalidad de renovar las medidas cautelares que en su momento pidió Fiscalía, se traducen en una medida de arraigo procesal medio. Eso significa la retención de pasaporte, la obligación de presentarse en seccional una vez por semana sin permanencia y el cierre de fronteras con la comunicación de estilo de la Dirección de Migraciones, que ante la eventualidad que esta persona quisiera sustraerse del país le fuera impedido por el sistema de Migraciones”, comienza explicando el abogado a El Acontecer.
Se presume inocencia
La persona que conducía la camioneta, quien determinó con su accionar la caída del joven policía, no está presa. ¿La causa? Tiene que ver con la presunción de inocencia, ese concepto que rige en Uruguay plenamente.
“En nuestro orden jurídico rige lo que técnicamente se llama presunción de inocencia, y se traduce desde el punto de vista práctico en que todos los ciudadanos se presume nuestra inocencia hasta que ésta es derribada. Para ser derribada la inocencia y su presunción, en este caso como estamos actuando procesalmente como defensa de la víctima, debemos juntar las evidencias probatorias que nos permitan por medio de un juicio tirar esa presunción de inocencia. En casos meramente excepcionales, cuando hay riesgo latente de que la persona procura ausentarse del proceso o cuando la proyección de la pena a recaer sobre la persona hace presumir un riesgo latente de que quiera abandonar el país (en casos típicos: vinculado a estupefacientes, delitos sexuales, rapiñas, delitos violentos), allí nuestra jurisprudencia genera que se pida la prisión preventiva. En este caso el imputado fue formalizado y por 120 días cumplió las tres medidas cautelares impuestas, genera ante los ojos del juez de garantía que al menos deba hacer fe del principio de inocencia y que ningún sensor de alarma se ha prendido en relación a que la persona quiera ausentarse del proceso criminal que se le ha iniciado”, explica Silva, buscando ser entendido más allá del lenguaje técnico de los penalistas.
A la justicia
La familia quiere justicia. Así lo traslada a la vía pública. Una gigantografía de la familia, cuando todo era felicidad, encabeza la mínima manifestación del martes a la mañana en el microcentro de Durazno.
Ante El Acontecer indican que pretenden respuestas judiciales para tanto dolor. ‘Justicia por ellos’, reza la foto de grandes dimensiones. Se puede apreciar a Rafael Rodríguez y sus dos hijos junto a su esposa.
Los tiempos que corren ahora, en noviembre 2022, son bien distintos a los que recuerda aquella foto.
El Acontecer consultó al Dr. Rafael Silva, abogado de la familia, respecto a cuál es la forma de justicia que se pretende. Y enumeró un total de cuatro caminos, que son cuatro posibilidades a explorar.
“Entiendo yo que pueden estar más arraigados a cuestiones de índole emocional y debemos conjugarlo con las cuestiones de orden de los juicios, con eso debemos manejarnos los operadores jurídicos, el juez actuante, fiscal, abogado defensor de la víctima. Y para eso tenemos nuestro código, cómo deben proseguirse este tipo de audiencias en que se plantean medidas cautelares así como de cara al fondo del juicio cuál es la proyección de futuro”, indica.
El pedido de justicia se puede traducir en distintas vías que plasma nuestro nuevo código. Podrá ser mediante una sentencia de juicio ordinario, con todas sus etapas cumplidas. Podrá ser que se plasme hoy o mañana como una hipótesis en un proceso abreviado entre el imputado y Fiscalía, que desde el punto de vista práctico supone el ahorro para el fiscal del sometimiento a juicio.
La proyección de un juicio se proyecta en el curso de un año, y a veces en este contexto para la familia puede traducirse en el ahorro de heridas emocionales, pues cada día derrama gotas de dolor. Por otro lado, habilita a partir de esta sentencia de cerrar un capítulo y comenzar a escribir otro, y de esa forma tener como contrapartida y más allá del derecho a participar, todo lo que genera remover y ser parte de las audiencias, explica el abogado Silva.
Otras dos posibilidades: la de un acuerdo abreviado entre el imputado y el ministerio público con una obligación de reparación que es de estricto orden económico. La cuarta chance, una solución alternativa a estos conflictos de índole penal y es un acuerdo reparatorio total. “Se seguirá trabajando para ver por cuál de estas cuatro vías se termina resolviendo este conflicto de índole penal”, enumera en diálogo con este medio.
Próximo encuentro
La próxima instancia concreta y certera es que en 4 meses habrá una nueva audiencia donde se analizará si se renuevan o no las medidas cautelares, y la única chance de que dicha audiencia no se concrete es que en este interín de tiempo se logre resolver el conflicto por acuerdo abreviado, reparación –acuerdo reparatorio- “porque son las únicas en que la ley habilita a saltearse los plazos procesales, y que habiendo acuerdo de parte se pueda ir ante el juez a manifestarle la existencia de un acuerdo”.
Es importante saber que luego de ello, en caso de que así suceda, el juez dispone de un plazo corto para fijar una audiencia en que se comunica el acuerdo arribado entre imputado y ministerio público.
Concluye el Dr. Silva que “con el juicio ordinario se consumen todas las etapas y plazos, implica que Fiscalía presente demanda acusatoria, que se conteste, es para después de febrero y se presenta como la única hipótesis para volver a la audiencia del 16 de marzo para renovación de medidas cautelares”.
Crónica de la tragedia
En las páginas de El Acontecer, el lunes 18 de julio, dábamos cuenta del hecho trágico.
‘Un ciudadano extranjero, oriundo de Azerbaiyan, fue formalizado y no podrá salir del territorio nacional hasta que culminen las instancias judiciales, luego de haber sido protagonista de un siniestro de tránsito fatal ocurrido en la ciudad de Durazno.
El luctuoso hecho ocurrió el pasado sábado 16 de julio, cuando un trabajador policial salía de su turno laboral en la Brigada de Policía Rural y colisionó con una camioneta que circulaba de sur a norte.
Todo ocurrió en Ruta Nacional Nº 5, frente a la Villa Militar.
Sobre el kilómetro 186,500 ocurrió el siniestro entre una moto y una camioneta. El birrodado era conducido por el Cabo Rafael Rodríguez de 32 años de edad, trabajador de la BEPRA local. La camioneta donde viajaban 5 personas era conducida por una persona natural de Azerbaiyán, de 36 años de edad.
La espirometría dio negativa.
Luego de las pericias técnicas y el trabajo de Fiscalía, fue formalizado el conductor de la camioneta, le corresponde en primera instancia 120 días sin prisión por un delito de homicidio a título de dolo eventual, hasta que se conozca la condena definitiva.
El hecho había ocurrido sobre las 6.30 horas de la madrugada del sábado 16 de julio frente a la Villa de la Fuerza Aérea’.
