El tema es motivo de conversaciones en la ciudad de Sarandí Grande —donde se ha producido una importante cantidad de ingresos en los últimos tiempos— y en la capital del vecino departamento de Florida, amén del tratamiento que le han dado al tema varios medios de comunicación. Obedece al masivo ingreso de personas afines al Partido Nacional —en algunos casos, conexiones familiares directas con sus referentes locales— a desempeñar tareas en el organismo OSE, que preside el duraznense Raúl Montero.
Quien abordó el tema en rueda de prensa celebrada en la ciudad de Florida fue el diputado Carlos Rodríguez Gálvez del Frente Amplio, acompañado por el Dr. Richard Tessier (presidente de la fuerza política) y su suplente, Ana Laura Salmini.
Allí el legislador dio cuenta de reiterados pedidos de informes —todos sin respuesta hasta el momento— que han tenido como eje central la misma requisitoria: saber el motivo de estos ingresos masivos que se han dado en la ciudad, en el departamento y en otras regiones del país, siempre con Guillermo Dati (secretario del Directorio de OSE) como figura central.
La solicitud de información es en referencia a los ingresos de personas vinculadas al Partido Nacional mediante distintos mecanismos, especialmente las cooperativas sociales.
“Se ha reiterado desde 2021 para acá, denuncias de vecinos de Sarandí Grande, 25 de Mayo, Villa 25 de Agosto, Nico Pérez, ciudad de Florida. Se ha constatado en OSE fundamentalmente, quizás algo en ASSE, pero no es tan llamativo como en este organismo”, expresó Rodríguez.
Sobran los motivos
“Desde hace tiempo a partir de recorridas e intercambios con vecinos que nos han estado planteando algo que les ha sorprendido y son los ingresos de ciudadanos de Florida vinculados al Partido Nacional a OSE, a través de distintos mecanismos. Allí lo que hemos podido detectar es que en algunos casos se da mediante contrataciones directas de empresas unipersonales o de empresas que contratan servicios con OSE, donde tenemos la duda si ha habido procesos de licitación o de competencia por precios. En el otro caso, usan un mecanismo que creó el Frente Amplio y valoramos mucho, como es el de las cooperativas sociales. OSE, al igual que otros organismos del Estado, tenía contratadas a muchas cooperativas sociales con un mecanismo que ha permitido que personas con ciertas condiciones sociales puedan acceder a una primera experiencia de trabajo y la posibilidad de generar una solución económica para su familia. Estas contrataciones claramente tienen vínculos las personas o directamente son dirigentes del Partido Nacional o familiares. Esto lo detectamos a principios de 2021, generamos un pedido de informes entonces a OSE, ha pasado mucho tiempo y no se contestó. Volvimos a hacer un pedido en 2023, que tampoco ha tenido respuesta”, comenzó expresando el diputado en rueda de prensa.
Dijo que hay una figura como nexo, quien aparece como responsable de estas contrataciones: Guillermo Dati, oriundo de 25 de Agosto (departamento de Florida).
“En algún medio de prensa se le consultó sobre ello y dijo que hiciéramos un pedido de informes, ya pasaron 6 meses y nada. Volvimos a presentar un pedido de informes, reiterando estos planteos, para conocer qué personas están siendo contratadas. En algunos casos, hay cooperativas sociales que tienen hasta 30 personas contratadas, cuando en realidad son muy pocos los socios de la misma; eso contraviene la ley.
Empresas unipersonales, otras empresas que han venido de otros departamentos y no conocen la realidad de Florida, pero —oh, casualidad— terminan contratando personas de Fray Marcos o Nico Pérez, que son llamativamente todos del Partido Nacional. Claramente, esto no configura un delito, pero sí hay irregularidades administrativas y definiciones que toma OSE al ir por este camino”, agrega.
Al ser consultado sobre la repetición de esta modalidad, indica que en otros departamentos se da la misma mecánica y la figura que aparece es la de Dati, quien además ha sido denunciado por el sindicato de OSE de tener esta práctica “casi que de presionar a cooperativas sociales para contratar a quienes él les hace llegar los curriculum vitae de ciertas personas. Casualmente son los que luego terminan ingresando”.
Vieja pero nueva
Al respecto de esta práctica que ha posibilitado el ingreso de varios hombres y mujeres a desempeñarse laboralmente en OSE en los últimos tiempos, Rodríguez Gálvez sostiene: “Creímos que era una práctica que estaba desterrada del Estado uruguayo, pero lamentablemente vuelve a ser común. Así muchas ciudadanos y ciudadanos se quedan sin ingresar a través de concursos o sorteos. Esto lo volvemos a plantear públicamente, más allá del pedido de informes, porque es una realidad que no debería seguir pasando. Llamamos a las autoridades de OSE a tener responsabilidad en este sentido”.
Consultado sobre la posibilidad de que el presidente de OSE, Ing. Raúl Montero, y el Directorio estén en conocimiento de estos manejos, el diputado del MPP-FA responde: “Estamos casi seguros que esto está en conocimiento de autoridades de OSE. Ha habido pedidos de informes de nosotros y de legisladores de otros departamentos. Ha habido denuncias públicas y del sindicato. Por tanto, que el presidente y quienes están en el Directorio de OSE no estén en conocimiento sería raro. Por ley, el organismo tiene 45 días hábiles para responder un pedido de informes. Cuando no se vuelca esa información, queda en evidencia que algo se trata de esconder”.
Nuevos tiempos, viejas denuncias
La denuncia pública que formuló el Frente Amplio del vecino departamento no descubre mucho, simplemente abreva en un tema que data de meses atrás, y años también.
En setiembre del año 2021, el semanario Búsqueda publicaba que un documento en poder del sindicato de OSE denunciaba que un asesor del presidente ingresaba allegados mediante cooperativas sociales.
Sí, se trataba de Guillermo Dati. Ya por entonces defendía su trabajo en el área social del organismo y decía promover un “cooperativismo transparente”.
Hace tres años reconoció que enviaba curriculums, pero rechazaba haber tenido injerencia. Su secretaria y otros militantes del Partido Nacional fueron contratados a través de una de las cooperativas.
La Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) tenía un informe elaborado por trabajadores del Área Social del ente, en el que se denunciaba una serie de irregularidades. “Los hechos relatados tienen como uno de sus protagonistas a Guillermo Dati, un asesor del presidente de OSE, Raúl Montero”, señalaba el medio capitalino entonces.
Pasaron los años y nada cambió.
En agosto de 2023, hacia fines de aquel octavo mes del año pasado, la FFOSE solicitaba que el Ministerio de Ambiente interviniera en OSE ante irregularidades en la contratación de cooperativas.
El sindicato denuncia el uso de “mecanismos oblicuos o alternativos, apartándose de la normativa vigente y, por tanto, de las garantías, para beneficiar a ciertas personas”. Además, remitió este jueves una denuncia al ministro de Ambiente (MA), Robert Bouvier, en la que enumera una serie de “presuntos abusos de los mecanismos legales en la contratación e injerencia en cooperativas sociales, así como hechos de acoso laboral y persecución sindical contra algunos de sus integrantes”, relataban los colegas de La Diaria, desde Montevideo.
En el documento, la FFOSE cuestionaba presuntos vínculos que el presidente de OSE, Raúl Montero, y su secretario Dati mantenían con múltiples cooperativas contratadas por la empresa estatal. Por este motivo, el Directorio del sindicato sostenía que Montero y Dati “habrían procedido en forma absolutamente irregular y contraria a la normativa vigente”.
El sindicato ya había presentado, el 24 de agosto, una denuncia por “presuntos hechos de corrupción” en la órbita de OSE ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). Allí planteaban varios argumentos que reiteraron ante el MA como diferentes irregularidades en las cooperativas sociales contratadas.
La Ley 18.407, que establece un marco general regulatorio para las cooperativas, define en sus artículos 172 y 174 a las cooperativas sociales como organizaciones que tienen el objetivo de fomentar la inserción laboral de personas “en situación de extrema vulnerabilidad social”. Sin embargo, el sindicato sostiene que OSE no cumple con estas disposiciones “para favorecer a ciertos integrantes que no pertenecen a los estratos sociales que se intenta proteger”.
