El caso que involucra al ahora ex senador Gustavo Penadés es impactante por quien se trata, pero no es único ni aislado. Uruguay, la sociedad uruguaya, ha sido señalada como normalizadora de esta situación de abuso sexual con los menores de edad que viene, como ya he escrito en este espacio, desde el fondo de los tiempos. Ha pasado mucho tiempo para se comience a sensibilizar sobre este hecho, pero falta mucho aún.
Según el último informe del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees), en el año 2022 hubo 529 casos de explotación sexual infantil en el país, 279 de esos casos corresponden a adolescentes de 14 a 16 años y 465 de las víctimas del género femenino. En 284 de estos casos hay certeza de la denuncia y 243 una presunción. A partir de estos datos se ha concluido que en solo 65 de estos casos se culminó con el procesamiento de los adultos.
Al comentar el trabajo el presidente del Conapees, Luis Purtscher dijo al semanario Brecha “que todo número que trabajemos sobre explotación significa un sub registro por las propias complejidades, el problema y su identificación”. “Los números que podemos dar sobre la expresión del problema están, a nuestro entender, lejos de la realidad”.
Para ejemplificar la complejidad del trabajo Purtscher contó a Brecha que cuando “llegamos a un caso, empezamos a desarmar la madeja y nunca es una sola gurisa, siempre hay más de una” y agregó que “esto se multiplica en el caso de que exista una organización: se trata de un problema que tiene raíces estructurales, de acuerdo a cánones patriarcales, donde los hombres pueden disponer del cuerpo de los más frágiles”.
Este miércoles pasado la cámara de senadores aprobó el desafuero de Penadés. Para ello se basó en el escrito elaborado por la fiscal de Delitos Sexuales de sexto turno Alicia Ghione, resumen de la carpeta investigativa del caso, y enviado al Poder Legislativo por la Suprema Corte de Justicia.
En la causa son investigados Penadés y el profesor de Historia y militante de la Lista 71 Sebastián Mauvezín, por presunta explotación sexual de menores.
El contenido de los hechos relatados, que no son todos, conmovió a buena parte de la opinión pública y del propio Senado, y aunque el desafuero se votó por unanimidad, no la hubo al momento de valorar los hechos.
El senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech, argumentó en contra del desafuero, aunque votó a favor. Dijo que como institución la Fiscalía no le merece confianza y descalificó a la única víctima identificada públicamente, Romina Celeste y hasta llegó a insinuar motivaciones políticas detrás de las denuncias contra Penadés, sin explicar ni avanzar en las mismas.
El caso generó también diversas miradas dentro del propio Partido Nacional, desde la búsqueda de un “pacto de caballeros” para tener un trámite rápido y sin dolor que planteó el senador suplente Juan Straneo o tratar todo en secreto como pidió la senadora Carmen Asían.
En la vereda opuesta estuvo la vicepresidenta de la República y presidenta del senado Beatriz Argimón, que respaldó el trabajo de la fiscal Ghione, quien antes de la sesión dijo a radio Sarandí que no iba a dudar en dar su voto para el desafuero de Penadés, al tiempo que lamentó la decisión de su partido de no llevar el caso del entonces legislador al comité de ética. “En determinadas situaciones los partidos políticos deben tener mensajes claros a la población”, dijo.
Todo se inicia por una denuncia realizada por la militante nacionalista Romina Celeste Papasso, quien afirmó que cuando tenía 13 años Penadés había abusado de ella. Tras esa denuncia vinieron otras hasta completar las ocho actuales, aunque hay más según se desprende del escrito de la fiscal.
Tuvo que ocurrir este episodio para que se hablara en voz alta del comportamiento de Penadés, que no es, como dijo, en un claro intento de victimizarse, por su orientación sexual. Pregunto, ¿quién o quiénes hicieron la “gestión” para que desapareciera una denuncia, cuando en enero de 2014 un policía recién salido de la Escuela nacional de Policía acusó a Penadés de acosarlo sexualmente en plena rambla de Punta del Este.
Fuentes nacionalistas dijeron a este periodista que aquello fue una primera alarma sobre el comportamiento de Penadés, pero pasaron nueve años. ¿Cuántas personas conocían sus actos o los sospechaban, pero callaron?, pregunto ahora.
Ahora se sabe que Penadés llegó hasta organizar un cuadro de futbol infantil con claro intento de estar cerca de los menores y actuar en consecuencia, como un depredador.
El escrito de la fiscal da cuenta del estado de vulnerabilidad de los menores abusados. “Me llevó a un hotel y una vez allí me dio un juguito, se desnudó y me pidió que me desvistiera y que le mostrara los pies; me miraba y se masturbaba”. “Me pagó un dinero que para mí era un montón de plata, ya que estaba pasando una situación familiar difícil, lo primero que hice fue ir a un carrito y comprarme una hamburguesa”.
“En algunas ocasiones contactaba adolescentes que simplemente estaban jugando a la pelota en la calle, o iban caminando. En otras lo hacía en el Parque Batlle, algunos hechos ocurrían en Montevideo y otros en Maldonado, en la zona de Punta del Este” En todos los casos, desde los más antiguos hasta los de 2023, los adolescentes tenían corta edad, en su mayoría 13 o 14 años, otros 15 o 16 años, detalló la fiscal del caso.
El caso tiene además otro condimento más grave: amenazas a víctimas y testigos, según los testimonios que han llegado a la Fiscalía. En el transcurso de la investigación, un adolescente de 15 años se acercó a la Unidad de Víctimas y Testigos “acompañado y muy asustado”, y contó que había sido amenazado por Instagram mediante un perfil que le solicitó amistad y que él desconocía.
“Luego de la amenaza lo bloquearon a fin de que no pueda acceder, y la amenaza obviamente consistió en “que no venga a declarar contra Penadés y Mauvezín”, señala el informe fiscal, y suma otros episodios de la misma índole. La fiscal mencionó también las distintas dificultades que ha encontrado su equipo en la investigación. “La investidura de senador, el respaldo público de algunas autoridades”, aludiendo al presidente y al ministro del Interior y el silencio de otros representantes del pueblo, (incluso de la propia oposición) aumentaron el temor de las víctimas por acercarse a declarar”.
Con estos datos, algunos, porque por imperio del espacio no es posible agregar, sería bueno saber que quiso decir el senador Rodrigo Blás, quien ahora ocupa la banca de Penadés, cuando afirmó en una entrevista al programa En perspectiva, que llegó a ese lugar por “la circunstancia tan especial que le toca sufrir al senador Penadés” ¿Cuál es esa circunstancia tan especial que sufre Penadés? ¿Ser acusado de explotar sexualmente a ocho menores?
El reclutador
Sebastián Mauvezín era profesor de historia en el liceo Militar, pero fue cesado en su cargo por el ministro de Defensa Javier García una vez que se conoció el escrito redactado por la fiscal Alicia Ghione.
La investigación fiscal relaciona a Mauvezín no solo a contactos generados con menores para explotación sexual para el senador Penadés, sino que también existirían otros casos, lo que podría configurar delitos vinculados a una posible red de trata.
Mauvezín cumpliría el rol de “reclutador” de adolescentes, tras contactarlos con distintos hombres mayores de edad para que mantengan relaciones sexuales a cambio de dinero. “De esa labor de ‘reclutamiento’ de los menores de edad, Mauvezín recibe intercambio de dinero, de parte de los presuntos explotadores.
Según surge de la investigación, este hombre sería quien ofrece servicios sexuales de adolescentes, captando a estos, y conectándolos con hombres mayores para prestar servicios sexuales a cambio de dinero. Es de conocimiento de esta Fiscalía que él mismo contactaría a los adolescentes para ofrecerlos a hombres adultos a través de una cuenta de Instagram (perfil que se constató fue dado de baja)”, afirma Ghione, que solicitó el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria del indagado.
“Mauvezín no solo recibiría dinero del senador, sino de otros hombres para los que realiza el mismo trabajo de ‘reclutador en la explotación sexual de menores de edad’ y, en esos casos, lo haría a través de transacciones o transferencias bancarias”, añadió Ghione, quien justificó el pedido con el objetivo de identificar también a otras personas que pagan por la explotación sexual de adolescentes.
