Para el edil Lerena, que la denuncia penal realizada contra el intendente Vidalín y el director de Hacienda Erviti sea abordada por el juzgado floresino sería lo correcto, dado que la señora del asesor comunal es fiscal en el departamento de Durazno, señaló.
En conocimiento de rumores que dan cuenta de que la denuncia pasó al Juzgado del vecino departamento, el representante colorado estimó que sería lo correcto. “No debemos olvidar que la señora del contador Erviti es fiscal en nuestro departamento. Se tendría que excusar de arranque; aparte, tiene la información en la mano. Sería lo más correcto que estuviera no acá, sino en delitos complejos en la capital del país”, añadió. Lerena afirmó tener más información de otras irregularidades generadas en el gasto del dinero y dijo esperar que la Justicia actúe con seriedad. “Que indague, pregunte, se informe debidamente”, sostuvo el representante de la lista 23.
Hay pruebas
A escasos días de que se retome la sesión extraordinaria que se suspendió a principios de julio, no dudó en expresar que el tema candente de la continuidad del llamado a sala al intendente Carmelo Vidalín será el del Ferrocarril Central y los cambios que el trazado férreo generará. “También está todo lo relacionado con el vertedero y no debemos olvidar que hay un superávit de 323 millones de pesos que no ha llegado aún a la Junta Departamental, y, es más, no se si llegará”, agregó.
De la anterior participación del intendente en sala no dudó en señalar que lo que hizo fue “insultarnos, faltar a la verdad. Tenemos pruebas que respaldan lo que decimos y estamos preparando una denuncia penal por difamación e injurias. Tanto el intendente Vidalín como el director de Hacienda, Erviti, deberán ir a la Justicia a probar lo que dicen”.
En nota concedida a los colegas de Telenoticias, asume estar muy tranquilo de lo que hace; “para presentar una denuncia penal hay que tener pruebas, hecho que logramos con el tiempo”, dijo el legislador.
Para los que cuestionan el momento de la citada denuncia, dijo que se da “después de avisarle muchas veces” que para disponer del superávit se debía tener la autorización de la Junta. “Sucede que en los llamados a sala se divaga mucho, uno pregunta cosas y solo se obtienen respuestas técnicas que a nadie interesan. Queremos un diálogo franco y llano entre el jefe comunal y los ediles; él opta por llevar muchos asesores, que lo que hacen es darle largas al asunto para cansar a la gente”, agregó.
Falta dinero
En el entendido de que los procedimientos están mal y el tema no ha pasado por la Junta, Lerena sostiene que faltan 500 millones de pesos. “Falta ese dinero porque no se pueden gastar fondos públicos sin la debida autorización. Está en la Constitución de la República, por que se le antoje él [por Vidalín] no puede hacer lo que quiera. Fue un llamado de atención tanto a él como a la gente para que se visualicen las cosas que están pasando en la comuna duraznense”, sostuvo.
Respecto del informe financiero presentado por el ejecutivo días atrás, no solamente expresa que no es válido por no haber pasado por la Junta, sino que afirma que hay gastos que no están debidamente documentados a través de licitaciones. “Mientras estuve, ninguna licitación fue adjudicada al superávit”, aseveró. Ellos dicen que el Tribunal de Cuentas nunca les notificó que debían pasarlo por la Junta Departamental ad referéndum del Tribunal, agrega. “Dicen que nunca se les notificó, mienten descaradamente, son unos atorrantes porque dicen una cosa de esas teniendo la información del TC. Lo hicieron igual porque ya habían gastado el dinero y lo que les quedó fue seguir para adelante, en lugar de modificar, admitir la equivocación. Hicieron las cosas mal, violaron la Constitución y ahora tienen una denuncia penal, que lo resuelva la Justicia”, manifestó.
“Ahora que prueben lo que de mí dijeron”
Manifestó que todo lo que se dijo sobre su persona en la conferencia de prensa brindada por el intendente Vidalín y el director general del Departamento de Hacienda, Cr. Sebastián Erviti, es falso. “Lo tendrá que probar ante la Justicia. Está bueno porque se incurrió en un delito de prensa y el funcionario público que fue acusado tiene derecho a que se pruebe la verdad”, añadió. Tendrá que retractarse de todo lo que dijo: “puede ser una opción, pero la chance se la tengo que dar yo. El funcionario público tiene para elegir: que se retracte o que se pruebe la verdad. Yo quiero que se pruebe la verdad; va a ser la vía más rápida. Creo que está mal asesorado, desubicado. Por eso a veces hablo de pseudoasesores, le tienen que informar bien. Asesores que nunca han entrado por concurso, no sé por qué gasta tanta plata en ellos”.
