La polémica generada en torno al otorgamiento y servicio prestado por los taxímetros derivó en el desarrollo de una investigación administrativa de parte del ejecutivo y la solicitud de licencia de la directora general de Administración, Ana Laura Gadea.
La investigación administrativa iniciada por el intendente Carmelo Vidalín en la pasada jornada es el corolario de un pedido de información solicitado a los municipios y juntas locales, de fecha 4 de julio, y el planteo realizado en la pasada sesión del legislativo por el edil cabildante Carlos Kuster, en este caso relacionado con el servicio que se presta en la norteña localidad de Carlos Reyles.
Fuentes fidedignas adelantaron a El Acontecer que en conocimiento de algunas irregularidades sobre el permiso de taxímetros en el interior del departamento, con fecha 4 de julio del presente año, se dispuso una información de urgencia.
A los secretarios de las juntas locales y los alcaldes de Villa del Carmen y Sarandí del Yí se les otorgó un plazo de 48 horas para informar sobre las paradas fijas otorgadas a los permisarios de los servicios de las diferentes localidades, en atención a lo dispuesto por el artículo 1 del decreto de la Junta Departamental 781-1994. Allí se establece que los taxis deben tener paradas fijas.
A los jerarcas locales también se les solicitó información respecto de si se está dando cumplimiento a los establecido en el artículo 17 del decreto de la Junta Departamental de Durazno 761-1993, literal A, el cual indica que los permisarios de taxímetros deben mantener la continuidad del servicio público.
Finalmente, se pide que se brinden detalles sobre los tipos de vehículos, modelos y matrículas que se encuentran afectados al servicio de taxímetro.
Con el paso de las horas, la información fue llegando, se indicó; de hecho, la gran mayoría hizo llegar el detalle requerido; en otros casos se espera por respuestas que, se dijo, llegarán en las próximas horas.
Cronológicamente, con fecha 11 de julio llegó el pedido de informes realizado por el edil Carlos Kuster en sesión de la Junta Departamental, referido a los vehículos afectados al servicio en la localidad de Carlos Reyles.
Investigación
Como directa consecuencia de ambas solicitudes de informes, una iniciada por el propio ejecutivo y otra procedente del legislativo, en la tarde de ayer miércoles el intendente Vidalín firmó una investigación administrativa referente al cumplimiento de la normativa vigente por los permisarios de taxímetros en el interior del departamento de Durazno.
Si bien no hay plazos fijados, por tratarse de una investigación de urgencia, se estima que el informe se tendrá en un plazo no superior a los 20 días. La doctora Laura Izquierdo es la instructora designada a tales efectos.
En otro orden de cosas, en horas de la tarde pasada la doctora Ana Laura Gadea habría pedido licencia en atención al vínculo familiar que tiene con uno de los permisarios, concretamente el de Carlos Reyles.
El pedido de informes del edil Kuster (CA)
Al hacer uso de la palabra en los asuntos previos de la última sesión del legislativo duraznense, el edil cabildante Carlos Kuster se refirió a la problemática. Recordó que el 5 de noviembre del año pasado realizó un pedido de informes sobre las matrículas de taxis y remises, que se contestó con fecha 27 de mayo del presente año. El no cumplimiento del servicio en Carlos Reyles es un tema que genera preocupación entre los vecinos, dijo. “De la información oficial recibida surge que hay dos vehículos de Corvo Sugo Horacio Rafael y uno de Mendez Pereyra Walter. Se da cuenta que los controles de los taxímetros son ejercidos por la Dirección de Administración, División Tránsito como los respectivos municipios o juntas locales”, agregó.
Lo que a entender del legislador no es razonable es que ninguno de esos vehículos cumpla las funciones en el lugar establecido. “Es claro que hay una omisión grave de los controles que debe llevar a cabo la Junta Local, la cual está omisa en el cumplimiento de sus funciones”, señaló. También es cierto que a la fecha, según los informes de los vecinos, Carlos Reyles sigue sin servicio de taxis, añadió.
Amparado en lo establecido en la Constitución, solicitó el siguiente informe al ejecutivo: “a) motivo por el cual los taxis asignados a Carlos Reyles no cumplen con los servicios que les corresponde. b) qué medidas de control se han llevado a cabo con relación al cumplimiento del servicio mencionado. c) si la Junta Local de Carlos Reyles comunicó esta grave irregularidad”. De ser afirmativo, pidió se le haga llegar el documento correspondiente y se le informe sobre las medidas tomadas a fin de encontrar solucionar a la problemática. En el inciso d) plantea si los propietarios de los vehículos siguen gozando de los beneficios que de la adjudicación de la chapa resultan y e) “desde cuándo los mencionados vehículos no cumplen con el servicio”.
