La iniciativa genera discrepancias en la interna de la coalición de gobierno
El gobierno del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, presentó un proyecto de ley que en uno de sus artículos plantea derogar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como “ley de medios”, una de las principales normas aprobadas durante el gobierno del izquierdista José Mujica (Frente Amplio).
Desde su aprobación, en diciembre de 2014, el hoy gobernante Partido Nacional (conservador) se opuso a la norma porque afectaba los intereses de los medios de comunicación privados.
Ahora en el gobierno, Lacalle Pou propuso derogar la ley casi en su totalidad, dejando cuatro de los 202 artículos originales, referidos al lenguaje de señas y a las transmisiones deportivas en instancias definitivas de las selecciones de fútbol y básquetbol. Además, el gobierno incluyó un artículo que indica que el Poder Ejecutivo podrá incluir otros eventos a esta modalidad. Este punto, que estaba en la ley original, fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia.
Dentro de la coalición de gobierno que sustenta la administración de Lacalle Pou, ya hay voces contrarias a la derogación. El diputado del Partido Colorado, Martín Melazzi, dijo que no es “apropiado” y hasta “aventurero”, derogar la norma sin antes aprobar una nueva ley de medios a estudio en el parlamento. Este proyecto es impulsado por la coalición de gobierno, pero no se pudo aprobar por diferencias internas.
Desde el opositor Frente Amplio, el diputado Gustavo Olmos, criticó la propuesta de derogar. Dijo que la actual ley de medios “tuvo todo un proceso de discusión”. Derogarla, sostuvo, “permitiría una concentración de medios muy importante”, “perder derechos o garantías por parte de los periodistas y del público” y “eliminar mecanismos de transparencia, o sea, tiene consecuencias negativas en múltiples aspectos”, dijo al medio La Diaria.
La ley aprobada en el segundo gobierno del Frente Amplio, abarca temas vinculados a la regulación de la prestación de los servicios de radio, televisión y servicios de comunicación audiovisual; plantea la defensa de la libertad de expresión y el pluralismo; establece principios de transparencia, no discriminación, y normas referidas a los derechos de niños, niñas y adolescentes, la publicidad y los servicios públicos.
Beneficios a privados
En este mes, el gobierno tomó medidas que benefician a los tres grandes canales privados del Uruguay. Por un lado, les habilitó que puedan brindar servicio de internet y por otro, la empresa estatal de telecomunicaciones Antel, firmó un acuerdo con los tres canales por el que les paga 12 millones de dólares por un año para poder pasar sus transmisiones en la plataforma digital estatal Vera TV.
El expresidente Mujica dijo que “rompe los ojos” que el gobierno quiere beneficiar a los canales privados.