Dijo Salle que la denuncia se enfoca en “multicolores y frenteamplistas, golpistas y agendistas, cómplices de UPM, los coimeros, ecocidas, contaminadores y envenenadores del agua para la alimentación animal y humana”.
Hace exactamente una semana, tres figuras del sistema político nacional —el Dr. Gustavo Salle Lorier, el diputado Ing. César Vega y el Dr. Maximiliano Dentone— se presentaron en el centro del país para radicar una denuncia penal contra la empresa UPM por vertido “culpable de soda cáustica en el afluente del Río Negro”, un caso que ha seguido de cerca El Acontecer desde que se conoció la novedad en la Comisión de Seguimiento de la planta de UPM ubicada en Pueblo Centenario.
Autodefinido como “político anticleptocorporatocratico y candidato a presidente de la República Oriental del Uruguay”, el Dr. Salle emitió en vivo, a través de sus redes sociales, las instancias de Durazno y San Gregorio.
En la localidad balnearia ubicada sobre el Río Negro (departamento de Tacuarembó), Salle estuvo presente “para reunirnos con vecinos muy preocupados por la instalación de un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías de litio en medio de hermosos parques y zona turística”.
En Durazno, la acción se enfocó en “denunciar a los directores de UPM en la Fiscalía a las 14 horas por envenenar el agua”. En su perfil de Twitter, dijo Salle que la denuncia se enfoca en “multicolores y frenteamplistas, golpistas y agendistas, cómplices de UPM, los coimeros, ecocidas, contaminadores y envenenadores del agua para la alimentación animal y humana”.
“Sinvergüenzas”
Identidad Soberana y soberanistas.uy le aportaron el marco “institucional” a la denuncia que se radicó en la sede fiscal de Durazno.
Minutos antes, el Dr. Salle dijo: “estos criminales sinvergüenzas de UPM siempre pensando en la ganancia sin importarle la vida y el ecosistema, pese a que sabían que estaba filtrando soda cáustica a las piletas, pese a que las piletas tienen filtraciones, como explicó Viña por los fraguados a tiempo distinto que en su construcción se produjo y genera fisuras, otras porque las uniones tienen material que la soda cáustica los corrompe, se generan piletas que tienen filtraciones y que permitieron esta larga y voluminosa filtración de soda.
Ya no estamos en una conducta culpable, ya no es negligencia, ya no es que los sensores estaban fuera de funcionamiento y no se dieron cuenta cuándo tenían la obligación jurídica de actuar conforme a las reglas del buen padre de familia, del buen administrador y buen industrial, sino que por razones económicas y sabiendo que estaban filtrando, y sabiendo que estaban envenenando el cauce, permitieron la filtración por un largo período para no afectar la producción, para no entrar en aumento de costos en el proceso productivo”.
La denuncia fue radicada por el diputado César Enrique Vega Erramuspe y el abogado Gustavo Alberto Salle Lorier, líder del partido político Identidad Soberana, presentes en la sede de Fiscalía de Durazno. Se basan en la presunción de derrame de sustancias químicas en un arroyo afluente del Río Negro y la consiguiente contaminación del agua.
Jurídicamente hablando
El Acontecer ahondó en los detalles jurídicos de la denuncia, fundamentada en los artículos 257 y siguientes del Nuevo Código del Proceso Penal y en la ley 19.293. Estos artículos establecen el marco legal para abordar presuntas infracciones ambientales y asegurar que los responsables rindan cuentas por sus acciones.
Todo comenzó cuando desde la Comisión de Seguimiento de UPM II se informó del filtrado de soda cáustica desde piletas ubicadas en la nueva planta procesadora de pasta de celulosa hacia un curso de agua que desemboca en el Río Negro.
La mortandad de peces, documentada a través de fotos y videos por parte de un vecino de la zona, aumentó la exposición pública del asunto, que ameritó un informe del Ministerio de Ambiente y el anuncio de una sanción de poco más de 40 mil dólares americanos hacia la compañía con sede en Finlandia.
En la denuncia se señala lo siguiente:
Los detalles
El incidente comenzó cuando los residentes locales comentaron sobre una significativa mortalidad de peces en una cañada situada a unos 300 metros de la planta UPM II y cerca del Río Negro.
Posteriormente, se constató que el agua del arroyo presentaba un pH elevado, lo que sugiere la presencia de sustancias químicas altamente alcalinas o corrosivas.
La empresa UPM II confirmó que había ocurrido un derrame de soda cáustica (NaOH) en las piletas de contención de la planta.
La detección de este derrame fue el resultado de la acción de los residentes y no de la supervisión y control activos de la empresa o las autoridades ambientales.
La gerencia de UPM II informó telefónicamente del incidente al director nacional de Calidad y Evaluación Ambiental el 16 de agosto de 2023. Posteriormente, la empresa envió un correo electrónico a la División Emprendimientos de Alta Complejidad, en el que detalla el incidente y las primeras medidas adoptadas.
La Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) tomó medidas para evaluar la magnitud del derrame y las acciones iniciales de UPM II. También supervisó los cambios en la estación automática de calidad de agua ubicada en el Río Negro, cerca de la planta.
Entonces, se realizó una inspección en el lugar que concluyó con “hallazgos preocupantes”, de acuerdo con el tenor de la denuncia. La inspección in situ, llevada a cabo por la Dinacea el 21 de agosto de 2023, reveló varias irregularidades. Algunas de las conclusiones más alarmantes incluyen que el sensor de pH de la pileta de control estaba fuera de operación y se encontraba en esa condición desde hace algún tiempo, lo que plantea cuestiones sobre el mantenimiento y la supervisión de la planta. También el hecho de la ubicación inadecuada del sensor de pH y la acumulación de efluentes en la pileta sugieren una falta de cuidado y negligencia. “La inspección se realizó después de fuertes precipitaciones, que habían alterado el curso de agua y causado daños en la vegetación circundante, lo que indicaba la exposición ambiental a largo plazo”, cita el informe.
La denuncia también hace referencia a incidentes anteriores relacionados con UPM II, como el caso del Vivero Santa Ana y un incidente en 2018, en el que un camión que transportaba soda cáustica para UPM generó un derrame de más de 55 kilómetros en la ruta. En ambos casos, se constató la muerte de peces y fauna, así como el uso de agroquímicos y productos químicos peligrosos.
Colegas de Crónicas del Este, que accedieron al texto completo de la denuncia, señalan que esta hace fuerte hincapié en que la empresa ha estado operando por un tiempo considerable y que los sucesos implican un potencial riesgo para la salud. En el mismo texto se menciona que la empresa ha ocasionado un importante daño ambiental total en el lugar, debido a su falta de cuidado, lo que sugiere una actitud negligente por parte de la empresa. La denuncia concluye que la empresa UPM ha incurrido en negligencias también en la fase de construcción —cita varias—, lo que amerita sanciones.