Según ongs ambientalistas, no hay presupuesto suficiente en la nueva Rendición de Cuentas para dotar al Ministerio de Ambiente del Uruguay de dineros que le permitan monitorear de manera exitosa la nueva planta procesadora de pasta de celulosa instalada a orillas del río Negro, en el departamento de Durazno.
A tal punto, que los números que maneja el Ministerio de Ambiente actualmente –en forma previa a las nuevas cifras que anuncia el Poder Ejecutivo- apenas le permiten llevar adelante el control de la planta de UPM instalada a orillas del río Uruguay, en el departamento de Río Negro.
Sin ambiente
Por estos días el proyecto de Rendición de Cuentas acapara las discusiones parlamentarias y la prensa, pero poco se habla de sus contenidos ambientales, explican los integrantes del Movimiento por un Uruguay Sostenible (MOVUS). El presupuesto del Ministerio del Ambiente es de apenas el 0,26% del gasto de la administración central (ministerios y presidencia).
Denuncian que cayó al último lugar, por debajo del Ministerio de Turismo. El monto en dinero representa menos de la mitad de lo comprometido por el gobierno en su Presupuesto 2020.
“Un examen de los contenidos del proyecto hace que sean inocultables recortes significativos en recursos humanos y materiales en el área ambiental. Al mismo tiempo, las nuevas partidas de dinero que se aprueban pueden estimarse en unos US$ 2 millones, las que apenas compensarían algunos de los recortes y ejecuciones por debajo de las metas, y no puede tenerse certeza en que sean adecuadas para el futuro inmediato”, indica un comunicado de MOVUS remitido a El Acontecer.
A modo de ejemplo, el Ministerio del Ambiente está ejecutando un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el fortalecimiento de gestión, firmado en 2019, por 900 mil dólares en 2023 y un millón cien mil en 2024. Pero sólo el control ambiental de UPM Fray Bentos cuesta más de 700 mil dólares anuales, y sobre ello se debería sumar el monitoreo sobre la nueva planta de UPM en el río Negro, actualmente en fase de construcción a pocos kilómetros de Pueblo Centenario.
Sin recursos
MOVUS presentó esta alerta con la firma de algunos de sus rostros más visibles, el caso de Eduardo Gudynas, Ana Filippini y Raúl Viñas.
Con fecha 14 de julio de 2022, en pleno proceso de discusión parlamentaria de la Rendición de Cuentas, se expresa que este proceso no brinda recursos ni introduce fortalecimientos institucionales para lidiar con los proyectos de alto riesgo ambiental que el propio Poder Ejecutivo está anunciando, y allí se citan los planes de explorar y explotar petróleo en el mar territorial o el megaproyecto privado de tomar aguas del Río de la Plata, la demanda intensa de agua del Acuífero Guaraní para producir ‘hidrógeno verde’, y varios otros.
Se aduce que “implican serios riesgos ambientales” que deben ser evaluados adecuadamente.
Sin posibilidad
“Ese tipo de gestión ambiental no es posible bajo esta propuesta de Rendición de Cuentas. En cambio, se proponen partidas para una nueva sede (aproximadamente US$ 600 mil) y para informática (US$ 400 mil).
Estamos ante una situación donde desde el gobierno se anuncian emprendimientos de alto riesgo ecológico mientras que al mismo tiempo se debilita la capacidad institucional para asegurar una gestión ambiental adecuada. Una vez más, se incumple la promesa de completar la estructura básica del Ministerio del Ambiente con el traspaso de las competencias ambientales que aún persisten dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Entre ellas, la más urgente es la transferencia de los programas de control y manejo ambiental de bosques nativos desde el MGAP al Ministerio del Ambiente. Se esperaba que tras los desastrosos incendios forestales del verano 2022, esa promesa se hubiese cumplido”, expresa MOVUS en su comunicación de la pasada jornada.
Al mismo tiempo, la Rendición de Cuentas introduce cambios normativos que para MOVUS son –al menos- “cuestionables”.
Entre estos, bajo la coordinación del MGAP, se crea un grupo de trabajo técnico para determinar si nuevas variedades agrícolas son o no transgénicas, dejando afuera al Ministerio de Salud Pública, los técnicos de la Universidad de la República y la sociedad civil.
También se advierte sobre los modos de reporte y análisis del ‘gasto ambiental’.
“El Poder Ejecutivo agrega a los incisos ambientales, otros que corresponden al área de vivienda como ‘un programa de rehabilitación y consolidación urbana habitacional’. Alertamos que esto puede desembocar en ‘inflar’ artificialmente el gasto ambiental que reporta el país. Aunque puede celebrarse que en la exposición de motivos de la Rendición se describa la preocupación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con los asuntos ambientales, y en especial el cambio climático, es urgente que el país construya indicadores económicos que expresen los costos ambientales asociados al daño en el ambiente y la salud pública. Sin embargo, hasta ahora, las metas ambientales del MEF apuntan en un sentido opuesto”.
El texto remitido a la redacción de El Acontecer desde el colectivo ambientalista MOVUS culminar diciendo que tal como se ha presentado, el proyecto de Rendición de Cuentas es insuficiente para asegurar una adecuada gestión ambiental, no fortalece la institucionalidad del Ministerio del Ambiente, “y agrava las dudas sobre las reales capacidades para evaluar y controlar los emprendimientos de mayor escala y complejidad, y en particular cuando éstos son promovidos desde el propio Poder Ejecutivo. No sólo no hay ambiente en la Rendición de Cuentas sino que el ambiente no rinde”.
