El objetivo de la visita fue comprobar si hubo progreso en la aplicación de los estándares internacionales en materia de desapariciones forzadas y la protección hacia los derechos de la “verdad, justicia, reparación y memoria”.
El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas o involuntarias (ONU) presentó este jueves un informe sobre la situación de Uruguay y expresó su preocupación porque aún no se esclareció lo que sucedió en la dictadura cívico-militar (1973-1985), las posibles interferencias políticas en la conformación de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), y un proyecto de ley impulsado por la coalición de gobierno que permitirá la salida de la cárcel de represores.
Este grupo visitó Uruguay entre el 7 y 14 de julio. El objetivo de la visita fue comprobar si hubo progreso en la aplicación de los estándares internacionales en materia de desapariciones forzadas y la protección hacia los derechos de la “verdad, justicia, reparación y memoria”.
En el informe preliminar, reconoció la existencia de “grandes avances” referidos a la lucha contra la impunidad de los crímenes que sucedieron en la dictadura entre 1973 y 1985. Entre ellos, destacó la derogación de la Ley de Caducidad (norma que estipuló la caducidad del “ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985), la creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, la tipificación del delito de desaparición forzada, y el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por su accionar durante ese período”.
Señaló, además, que la mayoría de los avances se deben “indudablemente al esfuerzo tenaz, al compromiso y a la valentía de las víctimas y familiares de personas desaparecidas”, quienes buscaron a sus seres queridos, castigaron responsables, preservaron la memoria y aseguraron que no se repita lo mismo.
VERDAD
A pesar de los aspectos positivos, el Grupo de Trabajo entendió que aún no se dio un “ejercicio amplio para el esclarecimiento y la reconstrucción de la verdad” con respecto a las violaciones de derechos humanos durante la dictadura.
En el informe se destaca el trabajo de la Inddhh. Sin embargo, expresó su preocupación ante los “reiterados episodios” de desprestigio y cuestionamiento público a los integrantes de la institución por parte de exponentes políticos y medios de comunicación. En la misma línea, añadió que estas instancias pueden “dificultar” el desempeño de sus funciones y las tareas de búsqueda.
Asimismo, expresó su inquietud por la posibilidad de que el nuevo Consejo Directivo de la Inddhh, sea integrado de acuerdo a criterios de filiación partidaria. Al respecto, recordó la importancia de la elección de los miembros con base en un procedimiento que ofrezca garantías, idoneidad, competencia y que, quienes estén, estén vinculados a la promoción y protección de los derechos humanos. Por eso, pidieron que con esta elección no se afecte la independencia de la institución.
JUSTICIA
El Grupo lamentó que los juicios y las investigaciones se desarrollen con “extrema lentitud”, y recordó que en la Declaración de 1992 se estableció que el Estado debe garantizar a las víctimas de desapariciones “un recurso efectivo” que permita identificar a los presuntos responsables y sancionarlos.
También identificó dificultades en el acceso de las víctimas a la justicia y a las posibilidades de reconocer un avance en las investigaciones. Sobre esto, el Grupo de Trabajo, llamó al Estado a ofrecer las garantías de acceso a la justicia.
Asimismo, manifestó su preocupación por la tramitación parlamentaria del proyecto de ley que sustituye las penas privativas de libertad por régimen de prisión domiciliaria para procesados y condenados que sean mayores de 65 años. Este proyecto impulsado por el partido de derecha Cabildo Abierto, socio del gobierno, beneficiaría a represores que hoy están presos.
“Dicha legislación sería contraria al derecho internacional de los derechos humanos, y en especial, a los límites impuestos al otorgamiento de amnistías, indultos, reducción o beneficios en la ejecución de la pena, u otras medidas análogas a acusados y condenados por graves violaciones de los derechos humanos y crímenes internacionales, incluyendo a las desapariciones forzadas”, fundamentó.
MEMORIA
Finalmente, el Grupo celebró el trabajo incansable de las víctimas para generar un consenso social sobre los crímenes de la dictadura.
“La sociedad en su conjunto ha abrazado la causa, sin embargo, es necesario que ese consenso social sea protegido y fomentado por las autoridades al más alto nivel, sobre todo ante el surgimiento de voces que pretenden minimizar o negar los crímenes del pasado”, enfatizó.
Sin embargo, reconoció la aparición de “obstáculos” dentro del sistema educativo. Según explicó, algunos docentes, con el argumento de “laicidad”, limitan la educación sobre temas de interés universal.
