De acuerdo al expediente 2019-13-7-0006289 de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, con fecha 22 de mayo de 2026 se hizo saber la imposición de una sanción económica a la Universidad Tecnológica (UTEC), concretamente al ITR Centro Sur de Durazno, por 191 Unidades Reajustables —equivalentes a $348.900— en virtud de haberse constatado la existencia de actos discriminatorios hacia la denunciante, la licenciada Silvia Benítez, que afectaron el normal desarrollo de sus funciones y le ocasionaron daño a su salud psicofísica.
Según el expediente, al que accedió El Acontecer, esas decisiones provinieron de la entonces directora del ITR Centro Sur, Daniela González, y del director de Educación, Amadeo Sosa. El caso tuvo consecuencias directas en el centro universitario, con la posterior renuncia de González al cargo que ocupó durante nueve años y medio.
El camino judicial
La denunciante, Silvia Benítez, fue cesada en 2020 y buscó la reinstalación por la Ley 17.940 ante la justicia laboral. En ese proceso se dictaron dos sentencias: la 492 del año 2022 (28 de julio), que resolvió la suspensión provisional del acto de desvinculación, y la 243 del año 2024 (18 de junio), que se expidió sobre la juridicidad del acto, rechazó la demanda y confirmó el acto impugnado.
Benítez se desempeñaba como coordinadora educativa en UTEC Durazno, cargo que perdió a partir del accionar de sus superiores, González y Sosa, según consta en la resolución. El informe jurídico detalla que a Benítez «se le fueron restringiendo potestades para el normal y efectivo desarrollo de su actividad de coordinadora educativa», lo que derivó en un deterioro del clima laboral que afectó principalmente al personal sindicalizado. El expediente señala que integrantes de SITUTEC fueron cesados en condiciones similares a las de Benítez, y que su desvinculación se produjo cuando todavía estaba pendiente el pronunciamiento del Tribunal de Alzada.
«El grado de humillación que ello conlleva»
El expediente detalla el deterioro progresivo de las condiciones laborales de Benítez. Pasó de coordinar la actividad educativa del centro a tener que «pedir permiso para sacar una fotocopia o para usar una sala» incluso para reunirse con alumnos o padres en temas que requerían formalidad e intimidad.
También se constató un control sobre sus horarios por parte de personal de seguridad de UTEC, por decisión de la Dirección, «cuando a otros en iguales cargos no se les controlaba». El proceso derivó en que se le comunicara una suspensión mientras trabajaba y se le solicitara el retiro del edificio, «con el grado de humillación que ello conlleva».
En el apartado VII del expediente, la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) constató un ambiente laboral complejo en el ITR de Durazno, vinculado a la falta de cogobierno que establece la ley orgánica de UTEC. Ese clima se verificó en tres aspectos: las evaluaciones de los funcionarios, la Comisión de Acoso de UTEC y su protocolo de actuación, y la persecución sindical.
Las sanciones
El informe del MTSS concluye que los derechos fundamentales de Benítez fueron vulnerados, en un hecho que encuadra en infracción muy grave. Según la escala de valores vigente, el cargo de la denunciante —Especializado Grado 8, Coordinador II— tiene un salario equivalente a $104.664.
La sanción aplicada a UTEC equivale a 100 jornales de la trabajadora denunciante, por un total de $348.900 (191 UR). Además, se decretó que tanto González como Sosa deberán realizar ante INEFOP un curso de gestión de personal con énfasis en el respeto de los derechos de los empleados, orientado a establecer una política de prevención ante situaciones de acoso moral, sexual, discriminación y otras vulneraciones.
Los estudiantes, también movilizados
El núcleo de estudiantes de UTEC tampoco quedó al margen del caso. La Asociación de Estudiantes de UTEC emitió una carta dirigida al Consejo Central, en la que expresan sentirse «profundamente indignados y preocupados tras enterarnos de la renuncia de la directora del ITR Centro Sur». Se trata de una comunicación interna que, por el momento, no es de carácter público.
