La decisión del Poder Judicial con sede en Durazno de no hacer lugar al pedido de Fiscalía para formalizar al policía acusado por la muerte de Lucas Pedrozo marca un nuevo giro en el caso. La resolución se basó en que la actuación del funcionario se encuadra en una situación de legítima defensa, aunque Fiscalía ya confirmó que apelará.
El hecho, ocurrido tiempo atrás, tuvo como protagonista a Lucas Pedrozo, un joven de 23 años que padecía esquizofrenia y murió tras recibir varios disparos efectuados por efectivos policiales que acudieron a su vivienda ante un llamado al 911 realizado por su familia.
Un episodio que generó conmoción
El caso provocó un fuerte impacto en Durazno y trascendió a nivel nacional. El episodio se produjo en el domicilio donde el joven vivía junto a su madre, en medio de una situación violenta que motivó la intervención policial.
Tras lo ocurrido, autoridades del Ministerio del Interior participaron en el análisis del caso. Se realizaron instancias de coordinación entre jerarquías policiales y distintas unidades especializadas, incluyendo el Departamento de Homicidios, la Guardia Republicana y el Centro de Comando Unificado.
En ese contexto, las autoridades señalaron públicamente su disposición a colaborar con la investigación, tanto interna como judicial.
Investigación y actuación policial
La fiscal del caso, Erika Persel, trabajó en conjunto con la Policía desde el inicio de la investigación. Se dispuso un sumario administrativo al funcionario que efectuó los disparos el 14 de mayo.
Policía Científica analizó cuatro cartuchos de munición menos que letal, así como registros fílmicos provenientes de las cámaras corporales de los efectivos que participaron del operativo.
Luego de recibir los disparos, Pedrozo fue esposado y trasladado al centro asistencial de Durazno, donde finalmente falleció.
La resolución judicial y la apelación
En abril de 2026, la defensa del policía logró sostener que la actuación se dio en el marco de una situación de defensa propia, argumento que fue considerado por la Justicia para rechazar la formalización.
Sin embargo, el proceso judicial continúa abierto: Fiscalía confirmó que apelará la resolución, por lo que el caso tendrá nuevas instancias en busca de una definición.
