Según informa el Semanario Pueblo, un proceso judicial de más de una década llegó a su fin con un costo concreto para las arcas del departamento de Flores: la Intendencia deberá pagar aproximadamente USD 380.000 a la familia de Juan Alberto Sánchez González, un operario de 32 años fallecido en un accidente laboral ocurrido en septiembre de 2013 en la ciudad de Trinidad.
El actual intendente, Diego Irazábal, confirmó que el pago ya fue realizado mediante transferencia bancaria antes de la Semana de Turismo, cumpliendo con lo dispuesto por la Justicia.
Cómo ocurrió el accidente
Sánchez González trabajaba en tareas de zanjeado para una empresa privada contratada por la comuna en una obra de saneamiento y cordón cuneta. Durante los trabajos, una de las paredes de la excavación cedió y lo sepultó. Pese a los intentos de rescate, el trabajador falleció. El hecho generó conmoción en la comunidad y motivó la paralización de los trabajos en señal de duelo.
El camino judicial: insolvencia, responsabilidad solidaria y más de diez años
El proceso judicial comenzó formalmente en 2017. Cuando la empresa contratista se declaró insolvente, la familia quedó habilitada para reclamar directamente al gobierno departamental, que fue declarado responsable solidaria. El expediente recorrió las instancias judiciales hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia, donde se consolidó el fallo definitivo.
El monto establecido incluye unos USD 90.000 más cifras en pesos uruguayos que, en conjunto, elevan el total a aproximadamente USD 380.000.
Versiones vinculadas al caso señalan que en administraciones anteriores no se logró alcanzar un acuerdo extrajudicial con la familia, lo que prolongó el litigio durante años.
El impacto y la herencia
Irazábal fue directo al referirse a las consecuencias: «El proceso venía desde hace muchos años y nos tocó asumir este desenlace. Es una de las situaciones heredadas». El jerarca aclaró que la cifra, aunque significativa, no comprometerá el funcionamiento general de la Intendencia, aunque sí implicará una reducción en obras previstas.
El caso deja expuestas las responsabilidades compartidas entre empresas contratistas y organismos públicos en materia de seguridad laboral, y los costos que un accidente sin prevención adecuada puede arrastrar durante más de una década.
