El abogado sostuvo que el país ya posee una matriz energética limpia y alertó que estos proyectos podrían comprometer el agua, la soberanía energética y el interés público.
El abogado Juan Ceretta, integrante de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho, cuestionó el avance de los proyectos de hidrógeno verde en Uruguay y advirtió sobre posibles riesgos vinculados al uso del agua, la soberanía energética y la participación ciudadana en las decisiones.
Sus declaraciones se dieron en el marco de una jornada binacional realizada primero en San José (Entre Ríos) y luego en Paysandú, en el local de AUTE, durante un taller de formación e intercambio de experiencias sobre el avance de proyectos de hidrógeno verde en Argentina, Chile y Uruguay.
Ceretta no pudo participar de forma presencial por compromisos judiciales, pero envió un mensaje a los organizadores y a las organizaciones ambientales presentes, destacando el trabajo que vienen realizando en diferentes causas vinculadas a la defensa del ambiente.
¿Uruguay necesita hidrógeno verde?
El eje central de su intervención fue una pregunta que, según explicó, viene analizando junto a estudiantes de Derecho: ¿Uruguay realmente necesita embarcarse en proyectos de hidrógeno verde?
El abogado sostuvo que no. Argumentó que el país ya posee una de las matrices energéticas más limpias del mundo, con 98% de su energía proveniente de fuentes renovables y niveles de emisiones per cápita por debajo del promedio global.
“Uruguay es mencionado como modelo en materia energética. Entonces, ¿por qué un país con esta matriz pensaría que necesita involucrarse en estos proyectos?”, planteó.
Desde su perspectiva, el impulso al hidrógeno verde responde más bien a demandas de corporaciones internacionales que buscan agua y energía limpia para producir un insumo destinado principalmente a mercados externos.
Agua, soberanía y transición justa
Ceretta subrayó que las decisiones energéticas deben ser soberanas, transparentes y orientadas al interés público.
Recordó que el artículo 47 de la Constitución, reformado en 2004, establece que el agua es un bien común y que el acceso al agua para consumo humano debe tener prioridad frente a cualquier otro uso.
En ese sentido, advirtió que los proyectos de hidrógeno verde implican un uso intensivo del agua y podrían traducirse en una “exportación indirecta” de ese recurso.
“Podemos estar transformando el agua definitivamente en una mercancía, violentando principios constitucionales”, sostuvo.
También remarcó que la transición energética solo puede considerarse legítima si es una transición justa, con participación real de las comunidades involucradas y con cumplimiento efectivo del Acuerdo de Escazú en materia de acceso a la información y participación pública.
Falta de transparencia y estudios independientes
Otro de los aspectos cuestionados por Ceretta fue la falta de transparencia en algunos procesos vinculados a estos proyectos.
Se refirió a la existencia de contratos con cláusulas reservadas y a respuestas oficiales que, ante pedidos de acceso a la información pública, llegan con datos parcialmente tachados.
Asimismo, manifestó preocupación por la ausencia de estudios ambientales y sociales independientes y exhaustivos que evalúen los impactos de estas iniciativas.
Advirtió que en zonas como Tambores este tipo de emprendimientos podrían afectar cursos y reservas de agua, además de generar impactos en el bioma de la pampa.
“El día después es lo que hay que evaluar con antelación”, señaló, en referencia a los posibles efectos sociales y ambientales una vez que finalicen las obras o la etapa de mayor inversión.
¿Quién paga la infraestructura?
Ceretta también planteó interrogantes sobre el financiamiento de la infraestructura necesaria para estos proyectos.
Indicó que, si empresas públicas como UTE asumen parte de los costos, estos podrían terminar trasladándose a la ciudadanía a través de las tarifas.
“Existe la preocupación de que sea el pueblo el que financie infraestructura para que corporaciones extranjeras aumenten sus ganancias”, afirmó.
Participación ciudadana y justicia ambiental
Como desafíos, el abogado propuso fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, exigir el cumplimiento del Acuerdo de Escazú, reivindicar la justicia socioambiental y explorar estrategias judiciales tanto a nivel nacional como internacional.
Finalmente, llamó a mantener una actitud de alerta frente a lo que describió como nuevas formas de extracción de recursos, comparándolas con prácticas históricas de explotación en la región.
“Las decisiones energéticas no pueden tomarse de espaldas a la gente ni en función exclusiva de intereses económicos. Deben responder a la soberanía y al interés público”, concluyó.
