Una nueva instancia judicial marcó esta semana el proceso por la muerte de Lucas Pedrozo, el joven de 23 años fallecido en un operativo policial en Durazno en 2024. El juez de primera instancia resolvió no hacer lugar a la formalización de la investigación contra el funcionario policial imputado, entendiendo que existían causas de justificación que amparan su conducta. Fiscalía apeló la decisión el lunes 13 de abril, lo que eleva automáticamente el caso al Tribunal de Apelaciones, que deberá confirmar o revocar la resolución en los próximos días.
El proceso enfrenta a dos familias duraznenses en lados opuestos de una misma tragedia: la de Lucas Pedrozo, que reclama justicia, y la del agente policial autor de los disparos. En el plano jurídico, los doctores Juan Raúl Williman —defensor del policía en representación del Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU)— y Juan Straneo —abogado de la familia Pedrozo— sostienen lecturas opuestas sobre lo ocurrido y sobre la decisión judicial.
La postura de la defensa policial: «actuaron con racionalidad y proporcionalidad»
El doctor Juan Raúl Williman argumentó que los agentes policiales actuaron dentro del marco legal vigente y que, por tanto, su conducta no configura delito. La clave de su defensa radica en la figura jurídica de la antijuridicidad: para que exista delito, una conducta debe ser típica y contraria al ordenamiento jurídico. En este caso, a su entender, esa condición no se verifica.
«A nuestro entender, la situación específica que se analizó en este proceso permite claramente determinar que esos policías actúan con racionalidad, con proporcionalidad, que efectivamente no se le puede exigir otra actuación distinta», expresó Williman a la salida de sede judicial.
El abogado sostuvo que los funcionarios estaban amparados por dos causas de justificación: el cumplimiento de la ley y la legítima defensa. Ambas, según su interpretación, eliminan la antijuridicidad de la conducta. Williman también invocó la redacción de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que incorpora una presunción a favor del funcionario policial en determinadas circunstancias.
«Obviamente, lamentamos profundamente el desenlace, pero una cosa es lo que sucede, el desenlace, lo que ocurrió, y otra cosa es la responsabilidad de los funcionarios policiales», agregó.
Respecto a la decisión del juez, Williman la valoró positivamente y adelantó los pasos que siguen: «La decisión del juez es no hacer lugar a la formalización. Estaremos al resultado de lo que pasó con las apelaciones». Si el Tribunal de Apelaciones mantiene la resolución, la familia podría escalar el caso hasta la Suprema Corte de Justicia. Si la revoca, se convocará a una nueva audiencia y el proceso avanzará hacia un eventual juicio oral.
La postura de la familia: «una decisión plagada de contradicciones»
El doctor Juan Straneo, abogado de la familia Pedrozo, calificó la resolución del juez de primera instancia como una decisión «plagada de contradicciones y carente de un fundamento sólido». Señaló que el magistrado se excedió en sus facultades al analizar el fondo del asunto en una etapa procesal en la que, técnicamente, solo debería controlar garantías procedimentales.
«El juez desoyó los argumentos de Fiscalía y los de la defensa familiar de la víctima. Aún así tomó por cierto todos los fundamentos de la defensa del imputado, desestimando cualquier tipo de argumentación que hiciera tanto la Fiscalía como nosotros, lo cual es preocupante», afirmó.
Straneo explicó que, bajo el sistema procesal vigente, el juez no accede directamente a la carpeta investigativa en esta etapa y basa su resolución exclusivamente en los alegatos orales de las partes. En ese marco, sostiene que el magistrado adoptó como propios los argumentos de la defensa policial sin contrastarlos con la evidencia disponible.
«Le dije al juez que acá se había mentido, se había tergiversado, se había engañado a los médicos y al jefe de Policía, a la Fiscalía, a la familia, a todo el mundo se engañó», relató el abogado.
Lo que ocurrió aquella noche: la versión del abogado de la familia
Lucas Pedrozo padecía esquizofrenia. Cuando atravesaba episodios de alteración, su familia llamaba a la Policía para solicitar asistencia y derivarlo a un centro de salud donde los médicos pudieran proporcionarle la medicación adecuada. Esa noche, el procedimiento terminó con su muerte.
Según el relato de Straneo, sustentado en el material de la carpeta fiscal, Lucas estaba atrincherado en su habitación cuando los efectivos forzaron la entrada derribando la puerta. En ese momento contaba únicamente con una espátula de cocina —que la defensa policial caracterizó como un elemento con punta y filo, extremo que Straneo rechazó con dureza— y ya había recibido dos impactos previos con munición denominada «menos que letal».
El abogado explicó técnicamente las diferencias entre los tipos de munición utilizados y las consecuencias reales de su empleo a corta distancia. Señaló que los agentes dispararon primero con un cartucho tipo «bolsa de frijoles» y luego con perdigones de goma encapsulados, diseñados para ser usados rebotando en el suelo a distancia y no en disparo directo al cuerpo a menos de tres metros.
«Lo que hizo este funcionario fue dispararle a menos de tres metros, directo al cuerpo, lo que le perforó el pecho. Un pedazo de tórax quedó en el piso y los balines le destrozaron todos los órganos vitales», describió Straneo.
Según su relato, tras los disparos Lucas fue esposado mientras aún estaba consciente y pedía aire. Fue trasladado hasta el centro asistencial Camedur en estado crítico. Allí, los efectivos habrían informado a los médicos que la herida era de tipo cortante y que se había utilizado únicamente munición menos que letal, ocultando la gravedad real del traumatismo. Lucas falleció poco después.
«Ver el video te ahoga, realmente», concluyó el letrado.
Qué viene ahora
La apelación presentada por Fiscalía es de trámite automático. El Tribunal de Apelaciones resolverá en los próximos días si confirma la decisión del juez de primera instancia o la revoca.
Si la confirma, la familia Pedrozo mantiene la posibilidad de recurrir ante la Suprema Corte de Justicia. Si la revoca, se iniciará una nueva audiencia y el proceso avanzará hacia la etapa de conocimiento, con la posibilidad de un juicio oral.
Para la familia de Lucas, según Straneo, lo que está en juego es algo más que una resolución técnica: «La familia siente la privación a que se investigue y se haga justicia».
