La Federación de Organizaciones de Familiares Por la Salud Mental, conocida como Caminantes, emitió un comunicado público en las últimas horas en relación al caso de Lucas Pedrozo, el joven duraznense fallecido en manos de un efectivo policial hace casi un año, cuando atravesaba una descompensación de su trastorno de salud mental.
El texto, fechado en este mes de abril, fue remitido a El Acontecer por Zullys Goyén, integrante duraznense de la federación, cuya sede física se encuentra en la Avenida 18 de Julio de Montevideo.
«Una situación que hiere los principios más elementales de justicia»
El comunicado expresa la «grave preocupación» que genera la decisión judicial de las pasadas semanas —en la que el juez de primera instancia resolvió no formalizar la investigación contra el policía imputado— y plantea un «llamado urgente al Tribunal de Apelaciones», instancia que deberá confirmar o revocar esa resolución en los próximos días.
«Hace casi un año, moría en manos de un policía el joven Lucas Pedrozo, de 24 años, en Durazno, cuando sufría una descompensación de su trastorno de salud mental. El accionar de la justicia se demoró en busca de evidencias, las cuales no fueron tenidas en cuenta en el reciente fallo del juez de Durazno. Ahora debe expedirse el Tribunal de Apelaciones. Nos encontramos frente a una situación que no solo interpela a las instituciones del Estado —salud, seguridad—, sino que hiere profundamente los principios más elementales de justicia, humanidad y respeto por los derechos fundamentales», expresa el texto.
«No puede ni debe ser considerado un hecho aislado»
La federación ubicó el caso de Lucas en un marco más amplio, como expresión de las fallas estructurales del sistema cuando interviene con personas en situación de vulnerabilidad por padecimientos de salud mental.
«Lo ocurrido con Lucas Pedrozo no puede ni debe ser considerado un hecho aislado: constituye un caso emblemático de cómo las fallas del sistema pueden derivar en consecuencias irreparables, especialmente cuando la persona involucrada es un paciente de salud mental», sostiene el comunicado.
Caminantes señaló como particularmente alarmante que durante el procedimiento policial no se adoptaron las medidas adecuadas para proteger los derechos de una persona en situación de vulnerabilidad. «La ausencia de protocolos adecuados y la desproporcionalidad en el accionar policial generan serias dudas sobre el cumplimiento de la normativa vigente y de los estándares mínimos de derechos humanos», advierte el texto.
El Estado tiene una obligación «indeclinable»
La federación fue enfática al plantear el rol del Estado en situaciones de este tipo: «Entendemos que el Estado, en todas sus expresiones, tiene la obligación indeclinable de actuar con especial cuidado y responsabilidad cuando interviene con personas con padecimientos de salud mental».
Y agregó: «En este caso, todo indica que esa obligación no solo fue desatendida, sino que derivó en una cadena de decisiones que hoy exigen una revisión profunda y urgente».
El llamado al Tribunal de Apelaciones
Con el proceso en manos del Tribunal de Apelaciones, Caminantes dirigió su mensaje central hacia ese órgano judicial: «Hacemos un llamado enfático al Tribunal de Apelaciones para que actúe con independencia, rigor y sensibilidad, haciendo prevalecer la ley, la verdad y la justicia por encima de cualquier otra consideración».
Convocatoria a la ciudadanía y a los actores políticos
El comunicado cierra con una convocatoria amplia que trasciende el ámbito judicial: «Convocamos a la ciudadanía, a las organizaciones sociales y medios de comunicación, y a los actores del sistema político a no permanecer indiferentes».
La Federación Caminantes reafirmó en el texto su «compromiso con la defensa de los derechos humanos, la dignidad de las personas y el acceso a una justicia sustentada en evidencias».
