La controversia por la contratación de la Fundación Rioplatense de Estudios (FREE) derivó en un enfrentamiento entre la directora general de Capital Humano y Administración de la Intendencia de Durazno, Gabriela Santacruz, y el edil colorado Gabriel Montes de Oca, quien terminó solicitando públicamente la renuncia de la jerarca durante la sesión de la Junta Departamental del jueves 15 de octubre.
El conflicto se originó a partir de declaraciones de Santacruz en el programa El Ojo Blindado, donde afirmó que Montes de Oca, pese a cuestionar la contratación de FREE, había concurrido semanas antes a su despacho acompañado por una persona y con un currículum, con la intención de procurar un ingreso laboral.
El edil respondió desde la Junta que la presentación de antecedentes laborales no demuestra por sí sola una gestión indebida y defendió su derecho a solicitar información sobre las contrataciones municipales.
Al finalizar su intervención, pidió al intendente Felipe Algorta que aclarara si respaldaba las expresiones de Santacruz y reclamó su renuncia por considerar que había faltado el respeto a los representantes departamentales.
Santacruz: «Fuiste con una persona y con currículum»
Durante su participación en El Ojo Blindado, Gabriela Santacruz relató un encuentro que, según su versión, mantuvo con Montes de Oca cuando caminaba por las inmediaciones del Banco República.
La directora afirmó que el edil la interceptó para cuestionarla sobre la licitación adjudicada a FREE. Según su relato, Montes de Oca la tomó del brazo y le planteó sus objeciones al procedimiento.
Santacruz sostuvo que le respondió que la información solicitada mediante el pedido de informes le llegaría por los canales correspondientes.
Sin embargo, durante ese intercambio, dijo haberle recordado una visita anterior a su despacho.
«Tenés que decir también que hace un mes estuviste en la oficina de administración con una persona», expresó la jerarca durante la entrevista.
Según su versión, Montes de Oca había solicitado previamente una reunión con ella y se presentó acompañado por una persona que llevaba un currículum.
La directora vinculó ese episodio con el cuestionamiento público del edil a los mecanismos de contratación de personal.
«Los llamados son llamados a concurso», sostuvo, y señaló que en ese momento existían 26 llamados en proceso, según la información que manejaba.
En otro pasaje de la entrevista, utilizó la expresión «para meter gente dentro de la empresa» al referirse a la finalidad que atribuyó a aquella visita.
Santacruz consideró que existía una contradicción entre esa gestión y las críticas posteriores del representante colorado.
«Si vamos a informar, informemos bien a la gente, porque si no, no es coherente», manifestó.
Montes de Oca rechazó que un currículum demuestre una irregularidad
La respuesta del edil llegó durante la sesión de la Junta Departamental del jueves 15.
Montes de Oca dedicó buena parte de su intervención a defender el ejercicio de la función de contralor y a cuestionar las interpretaciones que, a su entender, podían desprenderse de las declaraciones de la directora.
El colorado no desconoció el derecho de Santacruz a ofrecer su versión de lo sucedido y aclaró que tampoco pretendía afirmar que hubiera mentido.
«No voy a desconocer el derecho de la directora a expresar su versión de los hechos. Tiene ese derecho como lo tiene cualquier persona. Tampoco voy a atribuirle intenciones que no puedo demostrar ni voy a afirmar que haya mentido», señaló.
Sin embargo, sostuvo que mencionar una reunión o la presentación de antecedentes laborales no alcanza para establecer la existencia de una conducta impropia.
«Una cosa es mencionar la presentación de un currículum y otra es demostrar que existió una solicitud irregular, un compromiso indebido o una vulneración de las normas aplicables», expresó.
El edil argumentó que cualquier eventual irregularidad debe determinarse mediante el análisis de los hechos, las solicitudes formuladas, los procedimientos seguidos y las disposiciones legales aplicables.
También manifestó que estaba dispuesto a responder por sus actuaciones.
«Si mis actuaciones deben examinarse, que se examinen. Si existen preguntas legítimas que responder, estoy dispuesto a responderlas», afirmó.
En su exposición no negó expresamente la existencia del encuentro mencionado por Santacruz, sino que cuestionó las conclusiones que pudieran extraerse de ese episodio.
«Presenté un pedido de informes, no una condena»
Montes de Oca recordó que el 1.º de octubre presentó un pedido de informes sobre la contratación de FREE, mediante el cual solicitó documentación vinculada al procedimiento licitatorio, los antecedentes de la fundación, los criterios de adjudicación, los costos y los controles previstos.
También reclamó información sobre las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas.
«No presenté una condena. No declaré culpable a nadie. No afirmé que existía un delito. Presenté un pedido de informe», sostuvo.
El edil invocó el artículo 284 de la Constitución, que contempla las facultades de contralor de los representantes departamentales, y cuestionó que una solicitud de información pudiera derivar en una discusión sobre la conducta de quien la presenta.
«Ejercer el contralor no significa acusar sin pruebas, significa precisamente lo contrario: solicitar información antes de extraer conclusiones», expresó.
Aclaró, además, que no estaba denunciando una represalia por parte de la administración.
«No estoy afirmando que existe una represalia. No tengo elementos suficientes para sostener esa conclusión», manifestó.
Sin embargo, advirtió sobre el riesgo de que el debate acerca de las decisiones administrativas terminara desplazado por una controversia personal.
El pedido de renuncia dirigido a Felipe Algorta
El tramo más fuerte de la intervención se produjo al finalizar su exposición, cuando Montes de Oca dirigió el planteo al intendente Felipe Algorta.
«Quiero saber si el señor intendente avaló las declaraciones de esta directora», expresó ante el cuerpo.
El edil sostuvo que, de existir ese respaldo, la situación afectaría la imagen de la gestión departamental.
Posteriormente, solicitó la renuncia de Gabriela Santacruz a la Dirección General de Capital Humano y Administración, por considerar que sus declaraciones constituyeron una falta de respeto hacia él y hacia los integrantes de la Junta.
A lo largo de su intervención insistió en que la controversia no debía interpretarse únicamente como un conflicto personal, sino como una cuestión relacionada con el vínculo institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo departamental.
También sostuvo que el pedido de informes sobre FREE debía ser respondido por sus propios méritos, mediante documentación y fundamentos administrativos.
El reclamo generó diferencias en la Junta
La solicitud de renuncia no encontró un respaldo unánime entre los integrantes de la Junta Departamental.
Durante el intercambio posterior, varios ediles nacionalistas compartieron la importancia de respetar la función de contralor, pero cuestionaron que una discrepancia entre una directora y un representante departamental debiera resolverse mediante un pedido de renuncia.
Entre las intervenciones se planteó la conveniencia de encauzar el diferendo mediante el diálogo y de considerar las responsabilidades que corresponden a cada una de las partes.
También se discutieron los límites legales de la actuación de los ediles en la tramitación de asuntos particulares ante la administración.
Pese a esos planteos, Montes de Oca mantuvo su posición.
El debate concluyó con una moción para dar el asunto por suficientemente discutido, aprobada por 23 votos entre 30 ediles presentes.
Dos asuntos que siguen abiertos
El enfrentamiento se produjo mientras la contratación de FREE continúa bajo cuestionamientos de representantes de distintos partidos.
La diputada frenteamplista Magela Rinaldi presentó un pedido de informes ante la Cámara de Representantes y la Junta Departamental aprobó la integración de una Comisión Preinvestigadora, a partir de una iniciativa del edil nacionalista Gabriel Díaz Landoni.
El intercambio entre Santacruz y Montes de Oca agrega ahora una controversia distinta, vinculada a las circunstancias de la visita del edil a la oficina municipal y a las declaraciones públicas posteriores.
Por un lado, permanece pendiente esclarecer qué gestiones se realizaron durante aquel encuentro y si tuvieron alguna consecuencia administrativa. Por otro, el pedido de informes sobre FREE conserva su objeto original: conocer los fundamentos y controles de una contratación realizada con recursos públicos.
La existencia de una reunión y la presentación de un currículum no permiten establecer, por sí solas, que se haya cometido una irregularidad. Tampoco constituyen una respuesta a los cuestionamientos administrativos planteados sobre la contratación de la fundación.

