El diputado nacional Domingo Rielli y el edil Juan Andrés Bruno salieron públicamente a respaldar al intendente Felipe Algorta tras la decisión del gobierno nacional de relocalizar en Río Negro la planta solar que originalmente iba a instalarse en Pueblo Baygorria. Ambos coincidieron en que los proyectos solar y turístico pueden ser complementarios y no excluyentes, y Bruno fue más allá al cuestionar las formas, los tiempos y los fundamentos de la licitación impulsada por UTE.
Rielli: «Cuando no se siente el interior»
A través de un posteo breve pero firme en redes sociales, el diputado nacional por Durazno Domingo Rielli manifestó su respaldo total al accionar del intendente. Bajo el título «cuando no se siente el interior», Rielli escribió:
«Por estos días Durazno se vio sacudida por la decisión del gobierno nacional de negarle una importante inversión de una planta solar por no querer aceptar hacerlo a 500 metros de donde se proponía. El intendente Algorta fue elegido por los duraznenses para gobernar por Durazno. Tiene, por tanto, la tarea de buscar lo mejor, y en este caso, lejos de decir no, dijo sí al proyecto del Gobierno, pero también dijo sí a un proyecto turístico y social que sin dudas beneficia a la localidad de Baygorria y lógicamente al departamento todo».
Como representante nacional, Rielli expresó el total apoyo al intendente y se puso a la orden para «buscar soluciones a un tema con el que no se debe hacer política, sino trabajar para buscar la mejor solución. No debe haber vencidos ni vencedores, el objetivo debe ser el bien común del departamento y el país».
Bruno: «Los proyectos pueden ser complementarios y no excluyentes»
El edil Juan Andrés Bruno distinguió en su análisis dos planos: el del fondo y el de las formas.
Sobre el fondo, sostuvo con claridad: «Es claro que los proyectos —turístico y planta solar— pueden ser complementarios y no excluyentes. El ánimo del intendente siempre ha sido constructivo, fue tratar de ponerse de acuerdo con las autoridades nacionales».
Como prueba de esa disposición, citó el texto del oficio enviado por la Intendencia a UTE, donde se solicita «retomar formalmente las instancias de trabajo interinstitucional ya iniciadas y no avanzar unilateralmente desde el gobierno nacional con el parque fotovoltaico de UTE —en los padrones 12732 y 12733— hasta tanto se acuerde un desarrollo territorial concertado que incluya explícitamente al gobierno departamental de Durazno».
«Lo que no se puede es instalar la planta fotovoltaica donde originalmente lo propuso UTE. Si se corre el lugar de instalación de la planta, se pueden desarrollar los dos proyectos», resumió Bruno.
Las formas: la licitación y la ley 18.308
Sobre las formas, el edil cuestionó la manera en que se manejó el proceso. Recordó que la licitación de UTE fue abierta el 10 de abril sin previo aviso al gobierno departamental, y que ese mismo día el intendente envió el oficio con la suspensión cautelar.
Bruno invocó la Ley N.º 18.308 de Ordenamiento Territorial como marco normativo que habilita el accionar del ejecutivo duraznense: «Los gobiernos departamentales podrán establecer fundadamente la suspensión cautelar de las autorizaciones de uso, fraccionamiento, urbanización, construcción o demolición, en ámbitos territoriales estratégicos, de oportunidad o que sea necesario proteger, debiendo en este último caso dictar las disposiciones de protección correspondientes».
«Del proyecto de UTE nos quedan dudas»
El edil avanzó además con observaciones técnicas sobre el proyecto presentado por UTE que, según expresó, dejan varias dudas abiertas.
«En primer lugar, de que existan permisos ambientales para instalar la planta en ese lugar, como se ha dicho. A la Comisión de Ambiente de la Junta Departamental no nos llegó nada, como debió haber llegado en caso de existir el permiso», afirmó.
Bruno también desmontó uno de los argumentos esgrimidos por el gobierno nacional para justificar la rapidez del traslado a Río Negro: «Se habla desde el gobierno nacional de que fue apurado el cambio de lugar porque era necesario por la licitación. La licitación es la 103723/2026 y tiene fecha de apertura recién el 09-06-2026. No es por eso el rápido cambio de lugar».
El edil agregó un punto llamativo desde la óptica administrativa: la licitación vigente expresa textualmente que «la obra se realizará en predios ubicados en Baygorria, de la localidad de sección catastral 11 en el departamento de Durazno». En ese marco, sostuvo que «en caso de querer cambiar de lugar, deben modificar la licitación, cosa que al día de hoy no han hecho».
«El enojo debería dirigirse al Gobierno Nacional»
Como cierre de su análisis, Bruno devolvió el foco político a la cancha contraria: «En fin, expresar el total apoyo al intendente Algorta. Y quizás, quienes hoy manifiestan su enojo, deberían dirigirlo al Gobierno Nacional».
La intervención pública de Rielli y Bruno consolida así el respaldo del oficialismo departamental al intendente Algorta, en una disputa que promete seguir escalando, ahora con argumentos jurídicos y técnicos sobre la validez y los tiempos del procedimiento licitatorio de UTE.
