El Congreso de Intendentes aprobó por unanimidad la rebaja para quienes paguen al contado antes del vencimiento de la primera cuota de patentes.
El Congreso Nacional de Intendentes aprobó por unanimidad un proyecto de reevaluación del sistema sancionatorio del tránsito que establece una rebaja del 50% para los conductores que reconozcan la infracción cometida y paguen al contado antes del vencimiento de la primera cuota de patentes del año siguiente.
La resolución se adoptó durante la reunión de intendentes celebrada en el marco de la Expoactiva Nacional, uno de los encuentros del sector agropecuario más importantes del país, que esta edición tuvo lugar en Soriano. La instancia reunió a los 19 jefes comunales del país y el resultado fue contundente: ningún intendente votó en contra.
El trasfondo de la medida es concreto: el sistema actual de multas arrastra una morosidad elevada en varios departamentos del país. Los montos, considerados excesivos por buena parte de los propios intendentes, han derivado en una situación en la que muchos conductores directamente no pagan, lo que hace ineficaz al sistema tanto en términos recaudatorios como en su objetivo declarado de mejorar la seguridad vial. La rebaja apunta a revertir esa lógica: hacer que pagar sea una opción accesible y que el reconocimiento de la infracción tenga una salida concreta.
Cómo funciona el beneficio
Para acceder al descuento del 50%, el conductor debe cumplir dos condiciones simultáneas: reconocer la infracción y abonar el monto al contado, todo esto antes de que venza la primera cuota de patentes del año siguiente a la infracción. No se trata de un plan de pagos ni de una quita automática: es un incentivo directo al pago inmediato y a la asunción de responsabilidad.
La Comisión de Seguimiento del SUCIVE —el sistema unificado de cobro de infracciones de tránsito que ya había sido un primer paso hacia la homogeneización del sistema a nivel nacional— tendrá además la potestad de condicionar el acceso al beneficio a la realización de instancias de capacitación en seguridad vial, aunque esta posibilidad quedó planteada como facultativa y no como requisito universal.
Quiénes quedan fuera del beneficio
La rebaja no es universal. El proyecto aprobado excluye expresamente las infracciones que el Congreso consideró de mayor gravedad o riesgo para la vida:
- Conducir bajo los efectos del alcohol u otras drogas
- Negarse a realizarse la prueba de alcohol u otras drogas
- Participar en competencias vehiculares no autorizadas
- Conducir al doble o más de la velocidad permitida
- Circular sin el Permiso Único Nacional de Conducir habilitante para la categoría del vehículo
- No usar cinturón de seguridad
- No usar casco
- Transportar un menor de 12 años en el asiento delantero
- Llevar a un menor de 12 años sin Sistema de Retención Infantil
La lógica que subyace a estas exclusiones es clara: son las conductas que mayor incidencia tienen en la siniestralidad vial, y para las cuales el sistema no quiere ofrecer alivios económicos que puedan interpretarse como tolerancia.
«Para que la gente pueda cumplir»
El presidente del Congreso Nacional de Intendentes, Nicolás Olivera, explicó los fundamentos de la medida con énfasis en la construcción colectiva del acuerdo: «Una vez más este Congreso puso a prueba su capacidad para lograr consensos y acuerdos y felizmente hemos llegado a buen puerto. Después del esfuerzo que se hizo unificando las multas, este nuevo esfuerzo de adecuación para que sean pagables es para que la gente pueda cumplir».
La frase resume bien el espíritu de la medida. No se trata de una amnistía ni de un perdón, sino de un reconocimiento de que un sistema sancionatorio solo funciona si las sanciones son efectivamente cobradas. Un monto que nadie paga no disuade ni recauda: simplemente acumula deuda y genera conflicto.
Algorta: «multas sí, pero a precios razonables»
El intendente de Durazno, Felipe Algorta, fue uno de los impulsores de la revisión desde el inicio del proceso. En febrero, cuando el Congreso creó la comisión interna para estudiar el tema, Algorta ya había planteado públicamente su discrepancia con los valores actuales del sistema, en particular con las multas aplicadas en rutas nacionales.
En declaraciones a El Acontecer, el jefe comunal duraznense fue directo: «Las multas sí, pero a precios razonables». Con esa frase sintetizó una postura que no cuestiona la existencia de las sanciones sino su proporcionalidad, y que apunta a lo que consideró un enfoque excesivamente recaudatorio por parte del sistema vigente.
Algorta fue más allá y planteó la necesidad de una discusión de fondo que involucra no solo los montos sino la lógica del sistema en su conjunto. «No digo que esté mal controlar, pero hay casos en que por una infracción que no es tan grave se terminan pagando cifras superiores a las que recibe alguien que comete una falta en la vía pública y la sanción es irse para su casa y presentarse una vez por semana en la comisaría», señaló.
El argumento toca un punto sensible: la proporcionalidad entre la falta y la sanción, y la comparación implícita entre el sistema de tránsito y el sistema penal, donde a veces la escala parece invertida. Es una crítica que resuena en muchos conductores uruguayos y que el Congreso, con esta medida, al menos reconoció como válida.
Agenda del Congreso
En la misma sesión, los intendentes recibieron a la subsecretaria de Turismo, Ana Claudia Caram, quien presentó las líneas estratégicas de la cartera en materia de desarrollo turístico regional, con foco en el potencial de los departamentos del interior. También expuso el director de la Agencia Nacional para el Desarrollo (ANDE), Juan Ignacio Dorrego, quien presentó herramientas de apoyo y promoción para la atracción de inversiones productivas.
Al inicio de la sesión, el Congreso aprobó además la firma de un convenio con el IMPO y la Facultad de Ciencias Económicas, en el marco de iniciativas de fortalecimiento institucional. La próxima reunión de intendentes está prevista para abril.
