Con la tasación en curso, la Intendencia de Durazno prioriza un acuerdo indemnizatorio y no descarta la vía judicial.
A partir de lo que surja del trámite administrativo actualmente en curso, la Intendencia de Durazno definirá si es necesario recurrir a la vía judicial para la toma urgente de posesión de los padrones del histórico Molino Caorsi. No obstante, las autoridades comunales mantienen como prioridad alcanzar un acuerdo con los propietarios del bien, posibilidad que —según se indicó— sigue plenamente vigente.
Durante el transcurso de 2025, la administración encabezada por el intendente Felipe Algorta elevó a la Junta Departamental de Durazno dos proyectos de decreto vinculados al futuro del molino. El primero apuntó a declarar monumento departamental a los dos padrones que integran el inmueble, con el objetivo de impedir eventuales intervenciones que pusieran en riesgo su integridad. La iniciativa fue aprobada por unanimidad.
Posteriormente, y una vez notificados los propietarios, se dio inicio al trámite expropiatorio. El planteo volvió a ser considerado por el legislativo departamental, esta vez habilitando la posibilidad de una toma urgente de posesión, extremo que también obtuvo el respaldo del deliberativo. Cumplidas estas instancias, el expediente regresó al Ejecutivo, donde el intendente otorgó el correspondiente “cúmplase”, habilitando formalmente el proceso expropiatorio desde el punto de vista administrativo.
Como parte de ese procedimiento, el caso ya fue inscripto ante la Dirección Nacional de Registros y actualmente se encuentra en marcha la notificación formal a los propietarios, junto con la tasación del inmueble por parte de la Dirección General de Catastro, un paso clave para definir el valor indemnizatorio.
Prioridad al acuerdo
El prosecretario general de la Intendencia, Gonzalo Spínola, confirmó que la vía del acuerdo sigue siendo la opción preferida por la administración departamental. “El intendente Algorta se ha venido reuniendo con los propietarios. Esperemos que se pueda alcanzar una solución; caso contrario, deberemos iniciar las acciones judiciales”, sostuvo.
Desde el Ejecutivo se evita brindar cifras o detallar públicamente las diferencias existentes entre las partes, aunque se remarca que existe predisposición tanto de la Intendencia como de los propietarios para alcanzar un entendimiento. La cautela, explican, responde a la complejidad del proceso y a la intención de no entorpecer las negociaciones.
Proteger el bien y resolver problemas
Las autoridades departamentales subrayan que la declaratoria de monumento y el inicio del proceso expropiatorio responden al ejercicio de las potestades legales para proteger un bien patrimonial de alto valor histórico y arquitectónico para Durazno. “Nunca se abdicó del diálogo con los propietarios. La voluntad es alcanzar un acuerdo y cuanto antes hacernos del bien para solucionar problemas existentes”, señaló Spínola.
Entre las razones esgrimidas se mencionan cuestiones vinculadas a la seguridad, al estado edilicio y a la preservación arquitectónica del inmueble, siempre —según se enfatiza— con especial cuidado en el uso de los recursos públicos y procurando una indemnización justa.
Finalmente, el prosecretario recordó que fijar plazos concretos en la administración pública no siempre resulta aconsejable, aunque adelantó que el trámite administrativo debería quedar concluido, en principio, no más allá del próximo mes de marzo.
