El secretario de Presidencia confirmó que el fallo judicial será acatado y apelado.
«Los fallos se acatan, pero se pueden criticar, y este es un disparate», dijo este jueves el secretario de Presidencia de Uruguay, Álvaro Delgado, al referirse en conferencia de prensa a la decisión de un juez que ordenó la suspensión de la vacunación contra la covid-19 de los menores de 13 años.
El juez subrogante en lo Contencioso Administrativo, Alejandro Recarey, ordenó este jueves al Poder Ejecutivo que suspenda la vacunación a raíz de un pedido del abogado Maximiliano Dentone, que había presentado una acción de amparo. De acuerdo al fallo, la suspensión estará en vigor hasta que se publiquen los contratos de compra de la vacuna Pfizer, que es la aplicada a los menores, así como los beneficios y riesgos vinculados a su aplicación, entre otras cosas.
Si bien el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, había dicho más temprano que el esquema de vacunación para mayores de 13 continuaba «en marcha», Delgado informó que el gobierno «en este momento está suspendiendo la vacunación» de los menores de 13 años, y precisó que eran 5.800 los que estaban agendados para recibir este jueves la segunda dosis.
El secretario de Presidencia aseguró que «el fallo del juez pone en riesgo la salud de muchos menores de edad» y cuestiona «el aval de la ciencia, de Uruguay y del mundo», a la vacuna de Pfizer contra la covid-19. Además, manifestó su esperanza de que la apelación, que todavía no fue presentada, sea tratada rápidamente para restablecer el cronograma de vacunación.
«La decisión de este juez pone en la Justicia la responsabilidad de la posible afectación de la salud de una cantidad de menores en Uruguay que se querían vacunar», subrayó Delgado. El fallo de Recarey «dice que el plan de vacunación es ilegal e inconstitucional y que pesaron intereses económicos de farmacéuticas privadas», repasó, y consideró que estos argumentos son «inadmisibles».
El jerarca también dijo que le preocupa «enormemente» que la decisión de un magistrado «suspenda una vacunación que es voluntaria». «Me preocupa mucho. Esperemos que en pocos días esto sea una anécdota desagradable», añadió.
Previamente, el Ministerio de Salud Pública (MSP) había subrayado en un comunicado que «cada una de las decisiones tomadas respecto a la vacunación contra covid-19 fueron basadas en la evidencia científica disponible, amparados en la idoneidad, experiencia y trayectoria de los integrantes de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, el grupo ad-hoc, el grupo GACH (Grupo Asesor Científico Honorario) y la comunidad científica, quienes determinaron con base en múltiples estudios que las vacunas administradas son seguras y efectivas».
En Uruguay, el 81% de la población tiene un esquema de vacunación completa (dos dosis). Entre los niños de 5 y 11 años, el porcentaje de vacunación con dos dosis es de 43%. El porcentaje sube a 75% para los adolescentes de entre 12 y 14 años y al 86% para la franja que va de los 15 a 19. Al 2 de julio había 3.607 casos activos de coronavirus.
Informar sobre los contratos firmados
Este jueves el MSP respondió por segundo día consecutivo las preguntas de Recarey sobre el tema, en especial las vinculadas a la composición de la vacuna Pfizer y las acciones del gobierno para conocer sus efectos en menores de edad.
El MSP afirma en su presentación que el Poder Ejecutivo «en todo momento actuó salvaguardando y protegiendo los derechos humanos, defendiendo la libertad de los padres, adultos responsables de menores de edad y adolescentes con autonomía progresiva de la voluntad, de ser vacunados si así desean». Agrega en el escrito que las «vacunas son eficaces y seguras, lograron disminuir la mortalidad y los contagios» y son un «mecanismo para proteger la vida, la saluda y la integridad de las personas».
El juez dijo que se podrá retomar la vacunación una vez se publiquen de manera íntegra “todos los contratos de compra” de las vacunas de Pfizer, en especial los que detallen la “composición de sustancias a inocular”. También pide que se informe sobre los “beneficios que conlleva la vacuna”, los “riesgos que tenga” y si la sustancia que se aplica “tiene solo autorización de emergencia y no definitiva”.
No exigir PCR
El juez dictó también este jueves una sentencia haciendo lugar a otro pedido de amparo. En este caso, la denuncia fue presentada por dos mujeres que dijeron ser discriminadas cuando pretendían viajar a Buenos Aires (Argentina). El abogado de estas personas, Hoenir Sarthou, explicó que cuando se disponían a sacar los pasajes para viajar se encontraron con que se exigía una prueba de PCR para reingresar al Uruguay por no estar vacunadas.
“El no-vacunado no atenta contra la salud pública. No viola leyes. Solo ostenta un pensamiento diferente al de un gobierno concreto”, dijo Recarey en su sentencia.
