La escasa actividad en la obra de la nueva terminal de ómnibus y shopping de Durazno volvió a instalar interrogantes políticos y administrativos sobre el futuro del proyecto. En las últimas horas comenzó a manejarse incluso la posibilidad de convocar o invitar a sala al intendente Felipe Algorta ante las dudas surgidas en torno al financiamiento de la iniciativa.
La preocupación surgió en la Junta Departamental
Las inquietudes tomaron fuerza tras una reunión mantenida el pasado martes entre la directora general del Departamento de Administración, doctora Gabriela Santacruz, e integrantes de las comisiones de Obras y Tránsito de la Junta Departamental de Durazno.
Según trascendió posteriormente, durante el intercambio surgieron dudas vinculadas a la capacidad económica de la empresa adjudicataria para afrontar el desarrollo de la obra comprometida durante el primer semestre de 2025.
El prácticamente nulo avance visible en el predio y las dificultades vinculadas a la contratación de mano de obra local alimentaron los cuestionamientos de varios curules.
Pocos trabajadores y cuestionamientos al contrato
Ediles que participaron de la instancia señalaron que actualmente son muy pocos los trabajadores locales vinculados al proyecto.
En ese contexto también se plantearon críticas hacia previsiones adoptadas durante la administración anterior, mencionándose posibles vacíos legales dentro del proceso contractual.
Algunos representantes sostuvieron que, bajo otras condiciones contractuales, los atrasos registrados podrían haber derivado ya en medidas más severas contra la empresa responsable.
“Hay síntomas de que el dinero escasea”
El edil nacionalista Gabriel Díaz Landoni manifestó públicamente su preocupación por la situación.
En diálogo con El Acontecer, expresó que “hay síntomas de que el dinero escasea”, aclarando que se trata de una apreciación personal basada en el estado actual de los trabajos.
“No podemos esperar que se nos venga la ola arriba para empezar a ajustar”, añadió.
Días atrás, durante una entrevista en el programa Alternativa de Radio Durazno, el curul también había planteado la necesidad de profundizar controles sobre el proceso licitatorio y contractual.
Un proyecto presentado como transformador
El contrato de concesión entre la Intendencia de Durazno y el consorcio encabezado por Taranto Construcción y Desarrollo Inmobiliario fue firmado durante abril de 2025.
La iniciativa, denominada Durazno Shopping Terminal, fue presentada en ese momento como una de las mayores intervenciones urbanas recientes del departamento.
El proyecto prevé la construcción de una nueva terminal de ómnibus integrada a un centro comercial y espacios públicos sobre la zona de plaza José Enrique Rodó y avenida Apolo.
En oportunidad de la firma, el entonces intendente Carmelo Vidalín destacó el impacto regional de la propuesta, mencionando beneficios esperados para Durazno y ciudades vecinas como Trinidad, Sarandí del Yí, Florida y Paso de los Toros.
Una inversión estimada en 20 millones de dólares
Al momento de anunciarse la obra se informó una inversión cercana a los 20 millones de dólares y un plazo estimado de ejecución de 18 meses.
También se proyectaba la generación de unos 150 puestos de trabajo directos durante la construcción.
Según se comunicó entonces, los trabajos estarían a cargo del consorcio Tibefox S.A., con participación de la Intendencia, la Junta Departamental, Stiler Ingeniería y Construcción y Durazno Shopping Terminal SAS como operador.
El desarrollo contempla más de 10.000 metros cuadrados edificados y una intervención urbana superior a las tres hectáreas.
Transparencia y garantías bajo discusión
Otro de los dirigentes que se manifestó sobre el tema fue el edil colorado Gabriel Montes de Oca, integrante de la Comisión de Obras de la Junta.
El referente de Unir para Crecer sostuvo que el centro de la discusión ya no pasa únicamente por el impacto urbanístico prometido, sino por las garantías económicas y el acceso público a la información vinculada al proyecto.
Según expresó, continúan existiendo interrogantes sobre las cláusulas del contrato, el respaldo financiero de la empresa adjudicataria y los mecanismos previstos ante eventuales incumplimientos.
“La ciudadanía tiene derecho a saber”
Montes de Oca señaló que la preocupación no surge únicamente de rumores políticos, sino de planteos realizados públicamente dentro de la propia Junta Departamental.
Afirmó además que las respuestas brindadas hasta el momento han resultado insuficientes.
Entre las dudas planteadas aparecen consultas sobre las garantías económicas presentadas, eventuales escenarios de insolvencia, mecanismos de control y posibles responsabilidades institucionales en caso de paralización definitiva de la obra.
“Durazno merece saber si el proyecto cuenta con respaldo sólido o si existe el riesgo de terminar frente a otra infraestructura paralizada”, sostuvo.
El edil agregó que el planteo debe interpretarse como parte del contralor democrático que corresponde ejercer desde el legislativo departamental.
