La Unidad Nº 18 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), con sede en la ciudad de Durazno, colapsó en su capacidad de alojamiento. Fuentes oficiales del INR y el propio jefe de Policía del departamento, comisario general retirado Gabriel Lima, confirmaron que la cárcel no admite el ingreso de nuevos condenados y que, en lo inmediato, las personas sentenciadas por la Justicia duraznense son trasladadas directamente a Montevideo.
El centro, concebido originalmente para menos de 100 internos, hoy aloja a más de 200 personas privadas de libertad, sumando hombres y mujeres. El colapso alcanza también al sector femenino, que tampoco dispone de plazas.
«No admiten más plazas»: la confirmación oficial
En declaraciones al programa Alternativa, de AM 1430, el jefe de Policía Gabriel Lima fue explícito sobre la situación: «Tenemos información oficial de la Dirección de la Unidad 18, que está la capacidad colmada de personas privadas de libertad, masculinos y femeninas. Las mujeres también no admiten más plazas».
Consultado por El Acontecer sobre el tema, el director de la Unidad Nº 18, Nicolás Piñeiro, declinó formular declaraciones.
Cómo se resuelve el traslado: convoyes nocturnos a Punta de Rieles
La estrategia actual ante cada condena dictada en Durazno es el traslado directo del condenado hacia Montevideo, sin ingreso al penal local. Lima detalló que solo el miércoles se registraron cinco condenas en la Justicia departamental.
«Una de ellas con libertad a prueba y las otras cuatro —dos por estupefacientes y dos por hurto de cable de UTE— no quedaron acá. En la noche de ayer se armó un convoy, se citó personal y fueron trasladadas directamente desde la jefatura a Punta de Rieles, donde allí se evalúa la situación de cada persona condenada y se le deriva al centro de reclusión que las autoridades penitenciarias entiendan pertinente», explicó.
El procedimiento implica el armado de un operativo policial específico, con personal convocado extraordinariamente para el traslado, algo que demanda recursos adicionales a la Jefatura.
Una medida sin plazos definidos
La autoridad policial fue categórica respecto al alcance de la medida: no se trata de una situación puntual, sino que se extenderá en el tiempo sin fecha de retorno a la normalidad.
«No va a recibir más hombres y mujeres condenadas la Unidad 18 del INR en Durazno, no sabemos hasta cuándo, y mientras esto siga así, directamente la persona condenada va a Montevideo y de allí derivada a Santiago Vázquez, al Penal de Libertad o donde sea, pero no a la Unidad 18 de Durazno», afirmó Lima este jueves.
Un problema que trasciende el departamento
La Unidad Nº 18 no solo aloja a condenados duraznenses. Históricamente recibe también personas privadas de libertad de departamentos limítrofes, especialmente de Flores, Florida y Tacuarembó. Ciudades como Trinidad, Sarandí Grande, Paso de los Toros, Sarandí del Yí e incluso la capital tacuaremboense Tacuarembó han derivado condenados al penal duraznense para el cumplimiento de sus penas.
Esa realidad explica parte de la sobrepoblación actual y amplifica el impacto del colapso. La medida de no admitir nuevos ingresos también afecta a las jefaturas de los departamentos vecinos, que deben resolver el destino de sus condenados. «Flores tuvo uno o dos condenados, también tuvo que armar un convoy y llevárselos directamente a Montevideo», ejemplificó Lima.
Un desafío para el INR en la región centro
Con más de 200 personas alojadas al día de hoy en un centro pensado para la mitad, la problemática se instaló de lleno en la región centro del país. El Instituto Nacional de Rehabilitación es la entidad que deberá encarar una solución estructural, dado que los traslados sistemáticos a Montevideo representan una respuesta logística de emergencia, no una salida sostenible en el mediano plazo.
La situación impone un desafío no solo a las autoridades penitenciarias, sino también al sistema policial y judicial de todo el centro del país, que hoy opera sobre un engranaje tensionado por la falta de plazas disponibles.
