El debate sobre el funcionamiento del sistema de fiscalización electrónica del tránsito (SUCIVE) llegó a la Junta Departamental de Durazno con un planteo que apunta a introducir cambios de fondo. La propuesta —impulsada por el edil del Partido Nacional, Andrés Pereyra— reclama mayor transparencia, actualización de criterios técnicos y un enfoque centrado en la prevención y no en la recaudación, sobre la base de un diagnóstico claro: el actual modelo de fiscalización vial presenta «desajustes» que deben corregirse.
«No buscamos eliminar controles, sino mejorarlos»
El planteo recuerda que la normativa vigente —que incluye la Ley 18.660 y los decretos departamentales correspondientes— establece un marco jurídico claro para ordenar la seguridad vial en todo el país. Pero advierte que en la práctica existen desajustes que impactan directamente en los conductores.
«No buscamos eliminar controles, sino mejorarlos y asegurar que su finalidad sea la seguridad vial y no la recaudación», sintetizó Pereyra en su intervención. La frase marca el espíritu del reclamo: no se cuestiona la existencia del sistema, sino el modo en que funciona y los criterios sobre los que se sostiene.
El 85% de lo recaudado, a infraestructura vial
Uno de los planteos centrales pasa por conocer con precisión el destino de los fondos generados por las multas. En ese sentido, se propone que el 85% de lo recaudado se destine directamente a infraestructura vial, con objetivos concretos:
- Mantenimiento de rutas.
- Caminería rural.
- Señalización.
- Iluminación en zonas críticas.
- Mejoras para peatones y ciclistas.
«No es razonable exigirle al ciudadano que cumpla si el Estado no garantiza vías seguras», se argumentó. El planteo, en ese punto, apunta a cerrar un círculo virtuoso: lo que se recauda por incumplir normas viales debería volver, en su mayoría, a mejorar las mismas vías que se fiscalizan.
Límites de velocidad «de hace 40 años» y ubicación de los radares
Otro eje del cuestionamiento apunta a la vigencia de los límites de velocidad actuales. Se advierte que en algunos casos tienen más de 40 años y responden a realidades urbanas que ya no existen, sin que hayan sido revisados a la luz de los cambios en la infraestructura, el parque automotor y la urbanización del territorio.
A esto se suman críticas sobre la ubicación de los radares, que —según el planteo— no siempre se basan en estudios de siniestralidad, sino en criterios que la ciudadanía percibe como recaudatorios. Esa percepción, lejos de ser anecdótica, erosiona la legitimidad del sistema y termina debilitando el objetivo central: reducir accidentes.
Freno a los radares de velocidad promedio
En el mismo sentido, se pidió expresamente no avanzar en la implementación de radares de velocidad promedio hasta tanto se actualicen los criterios técnicos que rigen el sistema en su conjunto. La propuesta agrega tres acciones concretas previas a cualquier ampliación tecnológica:
- Revisar los límites de velocidad vigentes.
- Evaluar la ubicación de cada dispositivo ya instalado.
- Publicar los fundamentos técnicos que justifican cada punto de fiscalización.
«La tecnología debe servir para prevenir y no para sorprender», enfatizó el edil nacionalista.
Transparencia del sistema: qué debería publicarse
El eje de la transparencia concentra una parte importante del reclamo. Se propone que el sistema de fiscalización publique regularmente:
- Cantidad de multas por departamento.
- Montos recaudados.
- Destino de los fondos.
- Criterios de instalación de radares.
- Informes de siniestralidad que respalden cada medida adoptada.
La conclusión sobre este punto es directa: «Un sistema transparente es un sistema legítimo». Sin acceso público a estos datos, el sistema queda permanentemente bajo sospecha de orientarse a fines distintos de la seguridad vial.
Prevención: cursos gratuitos y control mecánico
En materia de prevención, Pereyra valoró las instancias educativas impulsadas por organismos como la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV), pero propuso complementarlas con medidas adicionales:
- Cursos gratuitos de manejo y actualización para conductores.
- Controles más estrictos sobre el estado mecánico de los vehículos, incluyendo luces, frenos y neumáticos.
El planteo también aborda la necesidad de información comparativa sobre licencias de conducir, niveles de siniestralidad y controles técnicos, cuestionando la falta de fiscalización efectiva en rutas, especialmente en períodos de alta circulación como la Semana de Turismo.
Modernización integral y coordinación entre gobiernos
Como cierre conceptual, el planteo llama a priorizar la prevención por encima de la sanción, y reclama una modernización integral de la normativa de tránsito —en muchos casos desactualizada—, sostenida por un enfoque coordinado entre los distintos niveles de gobierno: nacional, departamental y municipal.
Destinatarios del planteo
El pedido formal incluye que los planteos sean remitidos a:
- El intendente departamental.
- El Congreso de Intendentes.
- El Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
- El Ministerio de Economía y Finanzas.
- Las comisiones de tránsito de las distintas juntas departamentales.
- El Congreso Nacional de Ediles.
La amplia lista de destinatarios refleja el alcance del reclamo: no se trata de una cuestión local, sino de un sistema que atraviesa todo el país y que, según el planteo, debe reformarse para ser «justo, transparente y orientado a salvar vidas».
