El edil Pedro Hernández llevó a la Junta el caso de un vecino de Las Violetas al que le exigen 57 UR por 25 metros de agua y alertó por demoras, falta de médicos y ambulancia en el noreste del departamento.
Dos reclamos que encendieron la discusión
Dos situaciones de fuerte impacto social fueron planteadas en la Junta Departamental de Durazno: el cobro de más de $104.000 por una conexión de agua de 25 metros en Las Violetas y la persistente precariedad en la atención sanitaria en La Paloma y su zona de influencia.
Los planteos fueron expuestos por el edil Pedro Hernández (Frente Amplio), quien solicitó que ambos casos sean elevados a los organismos correspondientes para su análisis y eventual corrección.
$104 mil por 25 metros de agua
El primer caso refiere a un vecino del paraje y barrio Las Violetas, quien tras realizar el pago correspondiente para acceder al servicio de agua, fue informado en la inspección técnica que debía abonar 57 Unidades Reajustables, equivalentes a unos $104.000, por una extensión de apenas 25 metros.
En sala se sostuvo que el monto “está fuera de contexto” y que podría tratarse de un error administrativo o técnico.
Por ese motivo, se solicitó que el caso sea revisado por el directorio de OSE, a fin de determinar si corresponde una rectificación en el cálculo o en la aplicación del procedimiento.
La Paloma: carencias y demoras
El segundo eje del planteo se centró en la situación sanitaria en La Paloma, donde —según lo expuesto— las dificultades históricas no solo persisten sino que se han profundizado.
Se indicó que la comisión de apoyo local ha debido gestionar por cuenta propia mejoras para la policlínica, incluyendo pintura, puertas, ventanas, camillas, rampas, mobiliario, un desfibrilador y un ecógrafo. Sin embargo, pese a esas inversiones, en ocasiones no hay médico disponible.
También se relató un episodio en el que una persona accidentada acudió a la policlínica a las 8 de la mañana y la ambulancia llegó recién a las 14:30 para efectuar el traslado. A ello se suma que un prestador privado habría retirado la ambulancia que operaba en la zona.
Además, se señalaron demoras de hasta dos meses en estudios médicos y retrasos de 20 a 30 días en la entrega de medicamentos.
Propuesta de coordinación regional
Ante este panorama, se planteó la posibilidad de coordinar la atención sanitaria en forma regional, considerando la cercanía con el Hospital de Tacuarembó, ubicado a una distancia similar a la capital departamental y con mejor conectividad vial. También se mencionó como referencia el centro asistencial de San Gregorio de Polanco.
El objetivo es que ASSE y el Ministerio de Salud Pública evalúen una articulación que permita mejorar la cobertura y reducir tiempos de respuesta.
Asimismo, se sugirió gestionar ante el Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural la construcción de una vivienda destinada a médicos que trabajen en la zona, dado que las actuales condiciones de alojamiento serían inadecuadas.
“La salud debe ser prioridad”
Más allá de las restricciones presupuestales, el planteo enfatizó que la salud no puede quedar relegada frente a otras inversiones.
Las solicitudes fueron derivadas a OSE, ASSE, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Economía, con el objetivo de que se analicen soluciones concretas en el inicio del nuevo período de gobierno.
