Edil Montes de Oca pidió informes por presuntas deficiencias en el Centro El Sauzal

El edil colorado Montes de Oca presentó un pedido de informes dirigido a la Intendencia de Durazno, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la Junta Nacional de Drogas para conocer la situación administrativa, sanitaria y operativa del Centro El Sauzal, institución dedicada a la atención y rehabilitación de personas con consumo problemático de sustancias.

La iniciativa surge tras declaraciones públicas de la presidenta de la Comisión Interna del Hospital de Durazno, Sonia Ramírez, quien hizo referencia a presuntas deficiencias en el funcionamiento del centro.

El origen del pedido

Según explicó el edil, el planteo responde a manifestaciones públicas que señalaron posibles problemas vinculados a:

• Procedimientos de higiene y lavado de ropa de los usuarios.
• Condiciones sanitarias.
• Presencia de elementos potencialmente peligrosos al alcance de los residentes.
• Situación jurídica y administrativa del establecimiento.
• Relación entre el costo del servicio y los resultados del modelo de atención.

Montes de Oca aclaró que su planteo no implica adelantar conclusiones sobre la veracidad de las denuncias.

«No podemos ignorar denuncias públicas de esta naturaleza, máxime cuando involucran recursos públicos, la salud de personas en situación de vulnerabilidad y un servicio que fue concebido como una herramienta fundamental para la recuperación de quienes enfrentan problemas de adicción», sostuvo.

Solicita información sobre habilitaciones y funcionamiento

Entre los aspectos consultados, el edil solicita conocer:

• La situación jurídica y administrativa del centro.
• Si existe un convenio vigente entre la Intendencia de Durazno, ASSE y la Junta Nacional de Drogas.
• Si el establecimiento cuenta con todas las habilitaciones correspondientes.
• La capacidad locativa autorizada y la cantidad actual de usuarios.
• La integración del equipo técnico y asistencial.

Asimismo, requiere información sobre las inspecciones técnicas, sanitarias o administrativas realizadas durante 2025 y 2026, así como las conclusiones que surgieron de esos controles.

También consulta por las denuncias públicas

El pedido de informes pregunta expresamente si las autoridades tienen conocimiento de las situaciones denunciadas respecto a:

• Procedimientos de higiene.
• Lavado de ropa.
• Condiciones sanitarias.
• Existencia de elementos potencialmente peligrosos al alcance de los residentes.

En caso de haberse constatado irregularidades, solicita conocer las medidas correctivas adoptadas.

También requiere datos sobre:

• El costo mensual de funcionamiento del centro.
• El costo promedio por usuario.
• Los ingresos, egresos terapéuticos y abandonos registrados.
• Los indicadores utilizados para evaluar la eficacia del programa de rehabilitación.
• La existencia de investigaciones administrativas o auditorías.

Seguridad y salud laboral

El cuestionario incluye consultas sobre aspectos de seguridad del establecimiento.

Entre ellas, pide saber si el centro cuenta con:

• Habilitación vigente de la Dirección Nacional de Bomberos.
• Plan de evacuación.
• Personal capacitado para actuar ante emergencias.
• Servicio de prevención y salud en el trabajo.
• Técnicos especializados en seguridad y salud ocupacional.

Asimismo, solicita información sobre eventuales observaciones, intimaciones o sanciones formuladas por organismos como el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección Nacional de Bomberos, ASSE, Junta Nacional de Drogas u otros organismos de contralor.

«La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad»

Al fundamentar la iniciativa, Montes de Oca señaló que el objetivo del pedido de informes no es generar alarma, sino promover la transparencia institucional.

«Si las denuncias son infundadas, las autoridades tendrán la oportunidad de aclararlo. Si existen problemas, deberán corregirse. En ambos casos, la ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad», expresó.