La situación de inseguridad en el entorno del Centro Deportivo Recreativo Barrial MAPEP llegó a la Junta Departamental de Durazno tras un trabajo de meses con vecinos, usuarios y responsables del centro. El reclamo combina el pedido de mayor presencia policial con un planteo de fondo: que se aborde la problemática desde una perspectiva integral que incluya salud mental, rehabilitación y coordinación entre distintos organismos del Estado.
Una reunión marcó el punto de partida
El 20 de marzo se desarrolló una reunión en el propio centro barrial, con participación de la comisión del MAPEP, el grupo de apoyo y residentes de la zona. Allí se expusieron las situaciones que vienen afectando la convivencia cotidiana en el barrio y que terminaron por llegar al ámbito legislativo departamental.
Entre los puntos más destacados de aquella instancia figura la presencia constante de personas en los alrededores, particularmente en una calle lateral donde se ubica un contenedor. Según los testimonios recabados, en ese lugar se concentran durante largas horas —e incluso pernoctan— personas en situación de calle.
Un espacio sensible: usuarios de todas las edades
La preocupación adquiere particular sensibilidad porque el MAPEP es un espacio de uso cotidiano por personas de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores, que participan en actividades deportivas, recreativas y sociales. El centro barrial es, para muchos vecinos, un punto de encuentro esencial en la vida del barrio, por lo que el impacto del problema alcanza a usuarios muy diversos.
En ese marco, también se señalaron situaciones asociadas que incrementan la sensación de inseguridad:
- Consumo de estupefacientes en espacios públicos.
- Pedidos reiterados de dinero a transeúntes.
- Presuntos hurtos en la zona de influencia del centro.
Una mirada integral: salud mental, rehabilitación y adicciones
Pese a la gravedad de los planteos, durante la reunión del 20 de marzo surgió también la necesidad de abordar la problemática desde una perspectiva integral, sin reducirla únicamente a una cuestión policial. Se planteó la importancia de fortalecer las políticas sociales vinculadas a:
- Salud mental.
- Rehabilitación de adicciones.
- Tratamiento sostenido como vía para la inserción social y laboral de las personas involucradas.
En paralelo, algunos participantes propusieron evaluar la aplicación de la normativa vigente en materia de faltas y convivencia, solicitando una mayor intervención policial ante situaciones vinculadas al consumo de sustancias y otras conductas irregulares en espacios públicos.
Un problema local dentro de una tendencia nacional
El reclamo se enmarca en una problemática de inseguridad a nivel nacional. Durazno figura entre los departamentos con mayores tasas de delito, según datos recientes que motivaron incluso la interpelación del senador Pedro Bordaberry al ministro del Interior, Carlos Negro, por el aumento de los delitos en distintos puntos del país.
En el plano departamental, se destacó el trabajo que viene impulsando el intendente Felipe Algorta junto a la Junta Departamental en la creación de una guardia municipal, entendida como herramienta complementaria para mitigar este tipo de situaciones. No obstante, se recordó que la seguridad pública es competencia del Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, y que el rol departamental es necesariamente de apoyo.
Pedido formal: oficios y coordinación interinstitucional
Como corolario del planteo llevado a la Junta Departamental, se solicitó que los reclamos sean elevados al Ministerio del Interior, al intendente departamental y a la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Junta. Los pedidos concretos son tres:
- Reforzar la presencia policial en la zona del MAPEP.
- Aplicar las normativas vigentes cuando corresponda ante situaciones de consumo y convivencia.
- Coordinar acciones interinstitucionales entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y ASSE, para un abordaje conjunto que contemple seguridad, salud mental y rehabilitación.
El reclamo busca, en definitiva, brindar garantías a quienes viven, trabajan y se recrean en el entorno del centro barrial, entendiendo que el problema no se resuelve con una única vía de acción sino con respuestas articuladas entre los distintos niveles del Estado.
