El gobierno publicó su plan de seguridad más ambicioso en décadas. La oposición lo cuestionó antes de leerlo. Y un viejo policía retirado sintetizó el problema de siempre: mucho diagnóstico, poca acción. Ladra analiza lo que el plan dice, lo que calla y por qué el escepticismo tiene memoria.
El Plan Nacional de Seguridad tiene más de ochenta medidas, siete ejes y cero presupuesto asignado. La oposición lo cuestiona antes de leerlo. El gobierno defiende resultados que la oposición atribuye a la inercia del período anterior. En el medio, los uruguayos siguen señalando la inseguridad como su principal preocupación.
El Ministerio del Interior dio a conocer el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035, el documento que convierte la estrategia «Uruguay Más Seguro» en una lista de compromisos concretos. Hay más de ochenta medidas distribuidas en siete ejes, cada una con un organismo responsable y un plazo de ejecución. Es, en términos formales, el mapa más detallado que el gobierno de Yamandú Orsi ha puesto sobre la mesa en materia de seguridad desde que asumió en marzo de 2025.
El problema es lo que rodea al mapa.
El plan llega en medio de una interpelación anunciada por la Coalición Republicana, con una disputa interna colorada que quedó expuesta públicamente, con un presupuesto quinquenal que no prevé recursos para seguridad hasta 2027, y en un país donde la inseguridad lleva años ubicándose como la preocupación número uno de la ciudadanía según las principales encuestas. Todo eso tiene que leerse junto al documento.
LO QUE EL PLAN DICE
El anexo operativo se organiza en siete ejes: reducción de homicidios, violencia de género y contra menores, control de armas, narcotráfico y economías criminales, ciberdelitos, sistema de justicia criminal, y prevención del delito. Cada eje agrupa medidas con tres posibles temporalidades: «en curso», «corto plazo» y «mediano plazo». No hay definición precisa de qué significa cada categoría en número de meses. Esa ambigüedad no es menor.
El eje más desarrollado es el sexto, el del sistema de justicia criminal. Allí se acumula la mitad del documento, con decenas de medidas que van desde la transformación del INR en servicio descentralizado hasta la incorporación de 500 policías, 500 operadores y 60 técnicos al sistema penitenciario, pasando por la creación de dos nuevas cárceles para perfiles de alto riesgo. Hay también un bloque de bienestar policial -salud mental, prevención del suicidio, mejoras salariales y habitacionales- que representa una novedad en los documentos operativos del Ministerio del Interior. No era habitual que una política de seguridad incluyera explícitamente la condición del policía como variable institucional. Es un reconocimiento tardío pero relevante.
En narcotráfico, la apuesta más estructural es la creación de la Dirección General de Lucha Contra el Lavado de Activos, bajo la órbita de la DIPN, que figura como «en curso». Junto a ella, se anuncia la puesta en marcha del Sistema Integral de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico. El plan contempla además la ampliación de competencias de las Fuerzas Armadas en fronteras, la regulación de precursores químicos y el monitoreo inteligente de vehículos en peajes nacionales. Son medidas que afectan directamente a departamentos del norte y litoral del país, donde el tránsito de drogas y armas es más visible.
En ciberdelitos, la Dirección General de Cibercrimen tiene asignadas doce medidas propias. Entre ellas, la creación de una plataforma de análisis interinstitucional con inteligencia artificial, un estándar nacional para la gestión de evidencia digital y una campaña nacional contra el fraude digital. El fraude por celular y la suplantación de identidad ya no son fenómenos montevideanos; afectan a ciudadanos en todo el país, muchas veces personas mayores con bajo acceso a información sobre seguridad digital.
LO QUE EL PLAN NO DICE
El documento no menciona cifras. No hay presupuesto asignado a ninguna medida. No hay indicadores de línea de base que permitan medir el avance. No hay metas cuantitativas: no se sabe si el objetivo es reducir los homicidios un 10% o un 30% en el primer año, ni cuántos operativos de incautación de armas se consideran suficientes para decir que el eje tres está funcionando.
Esa ausencia no es un detalle técnico. Es, probablemente, la limitación más importante del documento para quienes quieran hacer seguimiento real de las políticas públicas comprometidas.
El propio texto aclara que excluye las medidas que impliquen estrategias policiales de carácter reservado. Eso es comprensible y razonable. Pero la falta de indicadores medibles en las medidas que sí son públicas es otro problema: sin ellos, el documento puede funcionar como escudo político tanto como puede funcionar como hoja de ruta.
LA INCONSISTENCIA PRESUPUESTAL
En noviembre de 2025, cuando el Parlamento debatió el Presupuesto quinquenal, el senador del Partido Nacional Javier García advirtió que el capítulo de seguridad era «el más deficitario del mensaje presupuestal». García señaló que el plan de seguridad del Frente Amplio no preveía asignaciones concretas para 2025 ni para 2026, solo para 2027 y 2028, y calificó el voto a los recursos como «un acto de fe».
La Coalición Republicana votó el presupuesto de todas formas, «por espíritu democrático», según sus propias palabras, pero dejó constancia de esa brecha.
Cuatro meses después, el anexo operativo enumera docenas de medidas marcadas como «en curso» o «corto plazo» sin que quede claro con qué financiamiento se ejecutarán. Algunas son de bajo costo relativo -capacitaciones, actualización de protocolos, redefinición funcional de estructuras existentes-. Otras son enormemente costosas: dos cárceles nuevas, incorporación masiva de personal, tecnología de videovigilancia, equipamiento para drones, laboratorios forenses en el interior del país. Esa tensión entre ambición operativa y vacío presupuestal es la grieta más visible del plan.
LA OPOSICIÓN: CRÍTICA ANTES DE LEER
El senador Pedro Bordaberry, del Partido Colorado, anticipó la interpelación al ministro Carlos Negro argumentando que «vemos en el Ministerio del Interior un inmovilismo» y «una falta de sentido de la urgencia muy importante». Lo hizo el 5 de marzo de 2026, cuando el plan todavía no había sido publicado.
Negro respondió con ironía: «Llama la atención que no conozcan el contenido del plan pero están en contra». Es una observación que tiene fundamento. Parte de la crítica opositora a la gestión de seguridad precedió al documento que ahora se critica, lo que le quita rigor analítico a la posición de la coalición y la convierte, en buena medida, en disputa política pura.
Pero la crítica opositora tiene también una capa de contenido que no puede descartarse solo por su oportunismo. Álvaro Delgado, presidente del Directorio del Partido Nacional, señaló el año pasado que «la gestión propia de este gobierno en materia de seguridad pública está pensada a partir del año que viene» y que los indicadores positivos que se registraban eran producto de «la inercia» del gobierno anterior. La discusión sobre qué parte de los resultados actuales pertenece a la nueva gestión y qué parte es herencia es, en rigor, imposible de resolver con un año de gobierno encima. Pero instala una pregunta legítima.
Dentro de la propia Coalición, la interpelación generó tensiones. Andrés Ojeda cuestionó la decisión de Bordaberry de llevarla al Senado, donde el Frente Amplio tiene mayoría, en lugar de hacerlo en Diputados. «¿Por qué hacerla en una cancha perdedora cuando podemos jugar en una cancha ganadora?», preguntó. La imagen es reveladora de hasta qué punto la discusión sobre seguridad pública se ha convertido, también, en un terreno de disputa de liderazgo interno entre facciones coloradas.
La interpelación fue finalmente pospuesta para después de Semana de Turismo, para que la oposición pueda estudiar el plan que el gobierno enviará a los presidentes de los partidos la semana próxima.
LO QUE DIJO EL PROPIO NEGRO SOBRE LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS
Hay un antecedente que conviene no perder de vista. En una de sus primeras presentaciones como ministro, Carlos Negro evaluó que en los últimos 30 años todas las gestiones -e incluyó explícitamente los 15 años de gobiernos del Frente Amplio- habían «fracasado» en materia de seguridad, por aplicar políticas basadas en el punitivismo y confiar en que la cárcel sería la solución privilegiada para todos los problemas. Es una autocrítica institucional infrecuente en la política uruguaya. Y pone al propio gobierno en una posición incómoda: si 30 años de gestión fracasaron, la vara para medir el plan que acaba de publicar debería ser muy alta.
Un viejo policía, ya retirado, pero que vivió bajo todos los gobiernos me dijo que el problema del documento, y también de muchas otras acciones en las diferentes administraciones que precedieron a la actual, es que fueron de «mucho diagnóstico y poca acción». La crítica no es original ni nueva. Es, en realidad, la crítica estructural que atraviesa la historia de la seguridad pública uruguaya desde hace décadas. Y tiene una base real que el plan reproduce sin proponérselo.
De las más de ochenta medidas, un número significativo son de proceso -«incorporar metodología», «actualizar protocolos», «conformar grupos de trabajo», «elaborar estatutos»- más que de resultado. Eso no significa que sean inútiles: la institucionalización de procesos es, muchas veces, la condición para que los resultados lleguen. Pero desde la perspectiva ciudadana, lo que importa es cuándo y cuánto baja la rapiña en el barrio, no si la Dirección General de Cibercrimen tiene o no certificación técnica especializada para sus investigadores.
Hay un problema de comunicación política, pero también hay un problema de diseño. Un plan de diez años sin metas intermedias concretas, sin presupuesto asociado y sin indicadores medibles es un plan que puede sobrevivir cualquier evaluación porque nunca ofrece un punto fijo contra el cual medirse.
El propio Ministerio del Interior reconoce que el Plan incluye 79 acciones y más de 130 medidas, que su elaboración llevó más de 150 horas de trabajo e involucró a 79 instituciones, con aportes ciudadanos y análisis de más de 200 estudios internacionales. Es un proceso de diseño serio, y no corresponde minimizarlo. El problema es la distancia entre ese proceso y la percepción ciudadana de que en la calle la situación no cambia.
La respuesta honesta a si «hay mucho diagnóstico y poca acción» es: todavía es demasiado pronto para saberlo con certeza. El gobierno tiene un año y algo de gestión. El plan operativo fue publicado ahora. Las medidas marcadas como «en curso» deberían poder auditarse ya. Las de «corto plazo» en los próximos meses. Ahí está la prueba.
Lo que sí puede decirse sin temor a equivocarse es que el país lleva décadas acumulando diagnósticos que no se traducen en resultados sostenidos. Ese es el historial que el plan de Negro dice querer romper. Y ese historial es la razón por la que el escepticismo del policía retirado no es paranoia: es memoria.
