Las crecientes vuelven a poner a prueba la responsabilidad ciudadana. Respetar la señalización y las medidas dispuestas por las autoridades no solo protege la propia vida, sino también la de quienes deben intervenir en una emergencia.
Vivimos en una sociedad cada vez más acelerada, donde la urgencia y la inmediatez muchas veces desplazan a la reflexión. En ese contexto, cobra especial vigencia una paradoja tan conocida como preocupante: el sentido común, que debería ser una cualidad natural en la convivencia, parece haberse convertido en uno de los bienes más escasos.
Los hechos registrados durante la reciente creciente del río Yí vuelven a poner de manifiesto esa realidad.
Según datos oficiales del Centro Coordinador de Emergencias Departamental (CECOED), el desborde del río obligó a evacuar a 13 personas, mientras que otras 195 se autoevacuaron. Como ocurre en cada episodio de estas características, el puente «Ing. Federico Capurro» y varios caminos del departamento quedaron anegados y fueron clausurados para preservar la seguridad de la población.
Las autoridades no solo instalaron la señalización correspondiente, sino que además reiteraron, a través de distintos comunicados, la importancia de no transitar por esas zonas. Sin embargo, hubo quienes decidieron ignorar esas advertencias.
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Durante la tarde y la noche del domingo, varias personas desplazaron las vallas, rompieron las cintas de seguridad y cruzaron por un puente que permanecía oficialmente cerrado. Se trata de una conducta que trasciende la imprudencia personal, porque no solo expone a quien la protagoniza, sino que también genera un riesgo para terceros.
Quien llega posteriormente al lugar y encuentra la señalización alterada puede interpretar, erróneamente, que el paso fue habilitado. Una decisión irresponsable termina, así, poniendo en peligro a muchas más personas.
A ello se suma otro aspecto que pocas veces se considera: cuando alguien queda atrapado por una conducta evitable, son efectivos de Bomberos, Policía u otros organismos quienes deben exponerse para concretar un rescate. Detrás de cada uno de esos funcionarios también hay familias que esperan su regreso.
En situaciones de emergencia no todas las decisiones son opinables. Hay medidas que existen porque la experiencia ha demostrado que salvan vidas. Un puente cerrado no representa una sugerencia; representa una advertencia fundada en criterios técnicos y en la responsabilidad de quienes deben velar por la seguridad colectiva.
Como sociedad, quizás sea momento de volver a valorar aquello que parece tan sencillo y, al mismo tiempo, tan difícil de aplicar: detenerse, observar, respetar las normas y comprender que muchas veces el mejor acto de prudencia consiste simplemente en no avanzar.
Porque el sentido común no debería ser una excepción. Debería seguir siendo la primera herramienta para cuidar nuestra vida y la de los demás.
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