En el año 2009, se frustró un plan de asesinato organizado por narcotraficantes uruguayos radicados en el exterior, junto con elementos del cartel de Sinaloa, que buscaban eliminar a Julio Guarteche, jefe de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRITID), debido a su papel contra el crimen organizado y el narcotráfico.
Desde el año 2013 las amenazas contra fiscales y jueces se incrementaron.
En 2017 hubo amenazas de muerte a fiscales y una jueza. En 2020, ataques sistemáticos a policías y la advertencia directa a la entonces fiscal Monica Ferrero. En 2022, el atentado contra la brigada antidrogas.
Recientemente con la sede del INR atribuido a Fernandez Albín y ahora, en 2025, la granada que estalló en Brazo Oriental en la casa de la ahora fiscal general Ferrero, que marcó un punto de inflexión.
Este ataque y la reciente amenaza directa, de este fin de semana («Ojo por ojo la próxima va pa tu auto con tu familia adentro”) a la Directora del INR, Ana Juanche, confirman un cambio cualitativo en la estrategia del crimen organizado.
Así, la secuencia de eventos describe un tránsito peligroso y advertido desde hace un tiempo: el crimen organizado en Uruguay ha dejado de operar únicamente bajo la lógica de mercado (lucro/tráfico) para adoptar una lógica política y de terror.
Hay una famosa máxima/frase de Marshall McLuhan acuñada en 1964: «El medio es el mensaje». Ahora la frase se invierte; en 2025 es «El mensaje es el medio». La nota «La próxima va pa’ tu auto con tu familia adentro» no busca solo evitar un traslado carcelario; busca demostrar capacidad operativa y de inteligencia. Saben quién es la funcionaria (Juanche), qué auto maneja y que tiene familia. Es una táctica propia de la guerra
psicológica.
Atacar a la Fiscalía (Ferrero), a la Policía (Brigada) y al sistema penitenciario (Juanche/INR) es un ataque a los tres pilares de la persecución penal. Ya no son «ajustes de cuentas» entre bandas; es una declaración de guerra al Estado.
Hay una constatación además de que la cárcel es un centro de Comando porque la mención a los traslados en el ex-Comcar evidencia que las bandas criminales consideran la cárcel su «territorio seguro». Cuando el Estado intenta retomar el control (mediante traslados, requisas o aislamiento), las bandas responden con violencia en las calles, tras una orden dada desde las propias cárceles.
URUGUAY YA NO ES UNA ISLA
La situación de Uruguay, otrora una «isla de paz», muestra ahora similitudes preocupantes con otros países de la región que han sufrido procesos de deterioro de seguridad acelerados.
Costa Rica
Al igual que Uruguay, Costa Rica fue históricamente considerada la democracia más estable y segura («La Suiza de Centroamérica»), pero en los últimos años sus puertos se volvían hubs de exportación de cocaína hacia Europa, disparando la tasa de homicidios a récords históricos.
La violencia contra jueces y fiscales allí ha comenzado a ser una preocupación real, similar al escenario actual uruguayo.
Ecuador
Ecuador pasó en menos de 10 años de ser un país relativamente seguro a uno de los más violentos. El colapso comenzó en las cárceles, donde las bandas (Choneros, Lobos) tomaron el control total.
La amenaza a Ana Juanche por traslados en el ex-Comcar es un síntoma de «ecuatorización» del sistema penitenciario. En Ecuador, las bandas usan el terror en las calles (coches bomba, asesinato del candidato Fernando Villavicencio en plena campaña electoral en 2023 y luego del fiscal César Suárez en 2024) para coaccionar decisiones estatales sobre política carcelaria. Uruguay está viendo los primeros brotes de esta táctica:
violencia extramuros para condicionar la política intramuros.
Chile
Chile ha sufrido la entrada de organizaciones criminales como la venezolana el «Tren de Aragua», que introdujeron el sicariato de alto perfil y el secuestro, delitos ajenos a la tradición criminal local.
La aparición de amenazas escritas y ataques directos a la infraestructura policial sugiere que se ha adoptado «know-how» extranjero: la violencia contra el Estado como una herramienta válida de negociación.
La amenaza a la Directora del INR y antes, el ataque a la Fiscal General, indican que las bandas criminales sienten que tienen el poder de fuego y la impunidad suficiente para amedrentar a la cúpula del Estado.
