Este domingo 28 de setiembre de 2025, a las cinco de la mañana, el barrio Brazo Oriental se estremeció con dos detonaciones y un estruendo que partió la madrugada en dos. Al principio, los vecinos pensaron en fuegos artificiales, algo tardíos por el aniversario de Peñarol. Pero no fue un festejo: fue un atentado.
La casa de la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, había sido atacada. Dos personas llegaron hasta su patio trasero trepando techos con ayuda de un tablón. Desde allí, dispararon y detonaron una granada que reventó vidrios de la cocina y llenó el aire de pólvora. Ferrero y su familia se salvaron de milagro. Afuera, un auto y una camioneta servían de apoyo a los agresores; la camioneta apareció luego incendiada junto al arroyo Miguelete. En cuestión de horas, la policía detuvo a dos sospechosos, un hombre y una mujer, aunque todo indica que no eran los autores materiales, sino parte de la logística.
El ministro del Interior, Carlos Negro, hizo una conferencia de prensa, rodeado de la cúpula policial. Habló de “patrones comunes” con otros episodios y de un ataque que llevaba la marca narco. La sospecha se dirigió de nuevo hacia un viejo conocido: el narcotraficante Sebastián Marset, prófugo internacional, y a Luis Fernando Fernandez Albín, preso actualmente, dirigiendo su organización desde la celda, socios en negocios. Un mes antes, la fiscalía había incautado más de dos toneladas de cocaína en Punta Espinillo. Pero ¿cuánta había pasado antes?
UNA AMENAZA CON HISTORIA
No fue la primera vez que Ferrero recibía el golpe de las mafias de crimen organizado. En mayo de 2020, cuando aún dirigía la Fiscalía de Estupefacientes, un mensaje le llegó directo al celular: “Ya les dimos un pequeño susto… si siguen haciendo las cosas difíciles para nosotros, vamos a ser un poquito más duros”. Ese mismo fin de semana, una bomba molotov había explotado contra la sede de la brigada antidrogas en el Prado. Ambos episodios fueron atribuidos al entorno de Marset. Dos años después, en 2022, nuevas amenazas se sumaron y el fantasma de la violencia narco volvió a rodear su figura.
Este atentado, sin embargo, marca un salto cualitativo. No se trató de un amedrentamiento a distancia ni de un ataque a oficinas: fue un asalto directo a la casa de la máxima representante del Ministerio Público. Un golpe contra la institucionalidad.
ECOS POLÍTICOS
La noticia corrió como pólvora y el sistema político se alineo en el espanto y al principio lo hicieron detrás de los 240 caracteres de la red X. Después tomaron cabal conciencia y reunieron a sus cúpulas: blancos, colorados, frenteamplistas e independientes, todos condenaron el ataque y se abrazaron a la misma consigna: “Aquí no puede haber dos opiniones”.
Los colorados hablaron de un “cambio cualitativo en la lucha contra el crimen organizado”. Los nacionalistas lo calificaron como un ataque “a la República”. El Frente Amplio respaldó al Ministerio del Interior, pese a las críticas acumuladas en semanas anteriores por la ola de homicidios. La retórica de unidad fue el dato político. Hay asombro por lo ocurrido, pero agrego: me asombra que se asombren. La historia ayuda a dimensionar lo ocurrido.
En el año 2009, se frustró un plan de asesinato organizado por narcotraficantes uruguayos radicados en el exterior, junto con elementos del cartel de Sinaloa, que buscaban eliminar a Julio Guarteche, jefe de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRITID), debido a su papel contra el crimen organizado y el narcotráfico.
Desde el año 2013 las amenazas contra fiscales y jueces se incrementaron. En 2017 hubo amenazas de muerte a fiscales y una jueza. En 2020, ataques sistemáticos a policías y la advertencia directa a Ferrero. En 2022, el atentado contra la brigada antidrogas. Recientemente con la sede del INR atribuido a Fernandez Albín y ahora, en 2025, la granada que estalló en Brazo Oriental.
EL MENSAJE DE FONDO
El atentado contra Ferrero no se lee sólo como un ataque personal, que lo fue. Es un mensaje al Estado uruguayo: las organizaciones criminales tienen capacidad de llegar hasta lo más alto de la justicia. Lo que antes era excepcional hoy se vuelve rutina. La pregunta ya no es si habrá otro episodio, sino cómo responderá la institucionalidad frente a un crimen organizado que desafía, sin máscaras, la soberanía democrática.
En la madrugada de este 28 de setiembre, Uruguay dejó de ser el país seguro que se ufana de su tranquilidad y excepcionalidad en un continente violento. La pólvora que quedó flotando en la casa de Ferrero es también la señal de que la frontera entre legalidad y violencia se ha vuelto más delgada.
