En Durazno hay casi 6.000 casas vacías. Mientras tanto, cientos de familias siguen buscando dónde vivir. ¿Puede una normativa cambiar esta realidad?
En la última sesión de la Junta Departamental de Durazno, el edil Conrado Torena planteó la necesidad de impulsar políticas que aseguren el derecho a la vivienda digna, tomando como referencia la Ley 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible.
Torena recordó que el ordenamiento territorial es una función pública que busca mejorar la calidad de vida, promover la integración social y garantizar el uso sustentable de los recursos. En ese sentido, advirtió que en el departamento existen miles de viviendas desocupadas mientras numerosas familias carecen de un techo propio.
Según los datos presentados, Durazno cuenta con 27.226 viviendas, de las cuales 5.937 están desocupadas. De ese total, 2.162 corresponden a la capital departamental, casi 700 a Sarandí del Yí y 326 a El Carmen, entre otras localidades.
“El departamento no puede sostener un nivel tan alto de desocupación sin una normativa que contemple a los sectores más desfavorecidos”, afirmó Torena. Propuso que las soluciones de vivienda se concentren en áreas urbanas consolidadas, con acceso a servicios básicos como salud, educación, transporte, comercios y espacios de recreación, evitando el crecimiento desordenado hacia la periferia.
Entre las medidas sugeridas se incluyen:
- Mecanismos tributarios para desestimular la permanencia de viviendas, predios o locales sin función social.
- Expropiación o compra de propiedades de grandes deudores, destinadas a cooperativas o al mercado de vivienda.
- Plan departamental de acceso a materiales de construcción, que facilite la reparación de viviendas abandonadas y apoye a familias de bajos recursos.
- Asignación de recursos en el presupuesto departamental para expropiaciones y programas de acceso a vivienda.
- Mapeo de zonas estratégicas para planificar el uso del suelo en Durazno.
Torena destacó la importancia de generar diálogo con vecinos, organizaciones sociales e instituciones para definir soluciones participativas a la problemática habitacional.
Finalmente, solicitó que sus planteos fueran remitidos a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, a la Comisión de Derechos Humanos, al Ejecutivo Departamental y al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.
