El Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó este lunes la prisión domiciliaria del expresidente Jair Bolsonaro, luego de que el líder político incumpliera una de las medidas cautelares impuestas en su contra, vinculadas al juicio que enfrenta por tentativa de golpe de Estado.
La decisión fue adoptada por el magistrado Alexandre de Moraes, quien argumentó que Bolsonaro violó la prohibición de comunicarse mediante redes sociales, tanto de forma directa como a través de terceros. “La Justicia no permitirá que un acusado la considere una tonta, creyendo que permanecerá impune por tener poder político y económico”, expresó De Moraes en el documento oficial.
Prohibiciones y allanamiento
En su resolución, el magistrado impuso el régimen de prisión domiciliaria, con estrictas restricciones: Bolsonaro no podrá recibir visitas en su domicilio salvo las de familiares directos y abogados. Además, se dispuso un allanamiento en su residencia para incautar dispositivos electrónicos que permitan el acceso a redes sociales.
La Policía Federal brasileña confirmó que ejecutó la orden judicial en la tarde del lunes, incautando celulares y otros equipos. El expresidente ya estaba obligado a portar una tobillera electrónica y a permanecer en su hogar durante las noches y los fines de semana.
Mensajes a través de terceros
De Moraes sostuvo que el líder político violó las medidas cautelares al difundir mensajes a través de las cuentas de sus aliados, incluidos sus hijos parlamentarios. En los textos se incitaba a atacar al Supremo Tribunal Federal y se pedía una intervención extranjera en el Poder Judicial de Brasil.
Dichos mensajes fueron leídos durante las marchas del domingo pasado en varias ciudades del país, donde miles de bolsonaristas reclamaron una amnistía para los acusados de golpismo y manifestaron su apoyo a las sanciones impuestas por el expresidente estadounidense Donald Trump contra el tribunal brasileño.
Contexto judicial
La prisión domiciliaria se enmarca en la causa donde Bolsonaro está acusado de liderar un complot para impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente electo en 2022. La Fiscalía sostiene que, además de buscar anular los resultados electorales con apoyo militar, el expresidente alentó el asalto a los poderes del Estado ocurrido el 8 de enero de 2023, cuando miles de sus seguidores atacaron las sedes del Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema.
“La adopción de medidas más drásticas es necesaria para evitar la reiteración delictiva por parte del procesado”, concluyó el juez Alexandre de Moraes.
