Las intendencias de Cerro Largo, Florida y Artigas, todas gobernadas por el Partido Nacional, han quedado en el centro del debate público por su alto endeudamiento, contratación masiva de personal y acusaciones de clientelismo político.
El periodista Diego Martini abordó esta situación en su columna Desde adentro, emitida en el programa Nada que perder, donde expuso datos y testimonios que describen una realidad preocupante en estas administraciones departamentales.
Cerro Largo: deuda millonaria y estructura insostenible
En Cerro Largo, la edila Eliana Díaz advirtió que la comuna arrastra una deuda de 1.610 millones de pesos, que podría ser mayor porque “muchos proveedores aún no han cobrado”. Acusó una continuidad en las prácticas de clientelismo desde la segunda intendencia de Sergio Botana, con un ingreso “desmedido” de funcionarios.
“El rubro cero de la comuna se hizo insostenible al punto de pasar los 1.500 funcionarios”, afirmó Díaz.
Según la edila frenteamplista, la dependencia laboral incide directamente en el respaldo político: “La gente no lo sigue aceptando, la gente sigue defendiendo su comida, su olla, su lugar de trabajo”.
Florida: deuda “endémica” y dudas sobre contrataciones
La Intendencia de Florida supera los 1.387 millones de pesos de deuda, lo que equivale a 493 dólares por habitante. El propio intendente Carlos Enciso la calificó como “endémica”, con 220 millones adeudados a proveedores.
El diputado Carlos Rodríguez recordó que esta situación “no sorprende” pero cuestionó que Enciso se desligue del problema, pese a su cercanía con la anterior administración.
“Poco más [dijo:] ‘yo en esto no tengo nada que ver’ y le echó las culpas al anterior intendente”, señaló.
Rodríguez también pidió que el recorte de gastos alcance a empresas contratadas y cargos de confianza, y advirtió que varios proveedores locales han dejado de trabajar con la comuna por falta de pago.
Artigas: organigrama político y presiones laborales
En Artigas, el diputado Nicolás Lorenzo denunció el uso de cargos y contratos como pago de “favores políticos” y mecanismo de control social. Criticó el nuevo organigrama enviado por la intendencia a la Junta, que incluye nuevas direcciones sin justificación funcional clara.
Según Lorenzo, se han desvinculado funcionarios por no pertenecer a la lista oficialista 2525 del Partido Nacional, y apenas 300 de más de 1.500 trabajadores están presupuestados.
“La población está de rehén por parte del gobierno de turno”, afirmó Lorenzo.
El legislador también recordó la condena al exintendente Pablo Caram por omisión, en una causa de cobros irregulares de horas extras. En el mismo caso, su sobrina Valentina Dos Santos, hoy secretaria general de la comuna, fue condenada por usurpación de funciones.
La comuna mantiene una deuda de más de 1.089 millones de pesos, equivalente a 351 dólares por habitante.
