Durante una convocatoria en Durazno, transportistas criticaron las nuevas medidas del gobierno; el diputado Gustavo Salle cuestionó la concentración del poder corporativo.
En la mañana de este sábado en Durazno, se realizó una reunión convocada por ATRADU (Asociación de Transportistas del Uruguay), que reunió a transportistas de distintos puntos del país con el objetivo de debatir los nuevos requisitos que el gobierno pretende imponer al sector. En el centro de la polémica están tres medidas claves: la implementación de una guía de carga, la geolocalización obligatoria de los vehículos y la exigencia de una huella digital de los choferes.
Durante la instancia, participó activamente el diputado Gustavo Salle Lorier, quien dialogó con los medios presentes y compartió una visión crítica sobre el avance de estas políticas, a las que consideró parte de una estrategia más amplia de control y concentración del poder económico.
“Pequeños y medianos empresarios del transporte están llamados a desaparecer”, sostuvo el legislador, señalando que tanto gobiernos de diferentes signos políticos como corporaciones estarían alineados en un modelo que favorece la concentración oligopólica del mercado.
Críticas al sistema y al avance del control estatal
Durante su intervención, Salle valoró la lucidez de los transportistas, quienes —según expresó— identificaron por cuenta propia el avance de lo que calificó como un “sistema cleptocorporatocrático”, es decir, el dominio de corporaciones que imponen sus intereses por sobre la voluntad popular.
“Las grandes corporaciones mandan. Gobiernos multicolores o del Frente Amplio gobiernan para ellas”, dijo el diputado, quien alertó sobre la posibilidad de que solo queden “tres o cuatro grandes empresas, posiblemente con capitales internacionales, en manos del transporte”.
En relación con las nuevas exigencias del Ejecutivo, como el uso obligatorio de dispositivos de geolocalización o la identificación biométrica de los choferes, el diputado expresó su rechazo enérgico:
“Quieren al pueblo desnudo, con una radiografía. Esto se llama control total y absoluto”, denunció.
Salle también vinculó estas iniciativas a un proceso global que —a su juicio— busca avanzar hacia la moneda digital controlada por bancos centrales, la inteligencia artificial y, eventualmente, la neuromodulación del ser humano.
Aspectos legales y constitucionales
Consultado sobre el marco legal de las nuevas medidas, el legislador reconoció que ya existen bases jurídicas para su aplicación, aunque también se mencionó la posibilidad de presentar recursos de inconstitucionalidad.
No obstante, el panorama no es alentador para quienes se oponen:
“No hay esperanza”, afirmó Salle en referencia a las posibilidades de éxito jurídico, argumentando que la Suprema Corte de Justicia ya ha avalado leyes “grotescamente inconstitucionales” y que, según su visión, está “transversalizada por la masonería”.
A modo de cierre, criticó la falta de transparencia de los gobiernos en la firma de convenios internacionales y contratos confidenciales, como los vinculados a UPM o Pfizer, y denunció que “a los grandes lavadores no se los investiga”, mientras se controla cada vez más a los pequeños actores.
