Fabián Cal, integrante de la gremial de Profesionales Universitarios, advierte que la Caja de Profesionales enfrenta un problema más político que financiero.
Fabián Cal, odontólogo e integrante de la Asociación Civil Profesionales Independientes en Defensa de la Caja, fue contundente: “La Caja de Profesionales tiene un problema más político que financiero porque no se quieren tomar las medidas que hay que tomar”.
La advertencia surge en medio de una nueva movilización nacional de profesionales, en rechazo al proyecto que busca reformar la Caja de Profesionales Universitarios, el cual ya cuenta con media sanción en Diputados y se definirá el próximo 30 de junio en el Senado.
La marcha, convocada por la Asociación Civil que integran Cal y otros colegas de diversas áreas, fue acompañada por 19 gremiales que se oponen al proyecto promovido por el Ejecutivo. Según los movilizados, las medidas previstas afectan de forma desproporcionada a pasivos y activos: “El proyecto prevé subir los aportes del 18,5% al 22,5%, cuando en el resto de los trabajadores del país el aporte ronda el 15%”, señaló Cal.
Además, denunció que se intenta imponer un nuevo impuesto a los jubilados, denominado “Contribución Pecuniaria”, que se sumaría al ya vigente IASS. “Es un impuesto encubierto y anticonstitucional”, aseguró, y reclamó que esos USD 36 millones anuales que hoy se van al BPS sean devueltos a la Caja.
Entre las propuestas que defienden, figura la devolución del IASS a la Caja, la contribución del Estado como en otras cajas previsionales, el ajuste de los timbres profesionales por el Índice Medio de Salarios (IMS) en lugar del IPC, y el aumento de la base de aportantes.
“Este problema no es financiero: si se aplicaran nuestras propuestas, Rentas Generales no tendría que poner un peso”, enfatizó Cal, quien también criticó la falta de diálogo del Ejecutivo: “No se quiere negociar, se quiere imponer”.
La Caja está desfinanciada, reconoció, pero también recordó que la situación se arrastra desde hace más de 20 años, y apuntó a una cadena de directorios con negligencia y conjunción de intereses. “El actual presidente, Daniel Alza, está alineado con el gobierno y no representa a los afiliados. Le pedimos la renuncia hace un año”, reveló.
También responsabilizó al Estado, que tiene dos representantes pagos dentro del directorio de la Caja, y alertó sobre el impacto de decisiones postergadas: “Los timbres profesionales, que representan el 33% de los ingresos, vienen con un desfasaje del 70% por años de ajuste incorrecto”.
Finalmente, Cal defendió el trabajo gremial realizado por la Asociación: “No tenemos banderas políticas, solo propuestas técnicas. Queremos que esta discusión se resuelva con sentido común y sin castigar a los profesionales”.
La discusión sobre el futuro de la Caja de Profesionales llega a su punto crítico este 30 de junio, cuando el Senado defina si aprueba o no un proyecto que podría cambiar por completo el sistema previsional de miles de uruguayos.
